A raíz de los señalamientos de los pobladores que habrían sido extorsionados, el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones de las personas que aparecen en las boletas de depósitos bancarios con las que cuentan las víctimas, entre ellas Ramos Ramos.
Según el MP, una persona de nombre Gustavo Adolfo López, quien aún es investigado, recibió Q8 mil y Ramos Ramos Q18 mil por concepto de extorsión, por lo que fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por peligro de fuga.
Ramos Ramos fue trasladada al Centro de Prisión Preventiva de la ciudad de Quetzaltenango, donde guarda prisión desde hace dos meses.
Para el 15 de mayo está planificada la próxima audiencia para la presentación de pruebas.
Por el mismo caso, autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) tomaron la decisión de separar del cargo a Tomás Sen, trabajador de la PDH de Sololá, quien participó en la condena comunitaria de 20 azotes contra el subcomisario policial.
El castigo el subjefe de la PNC generó polémica entre la justicia indígena y estatal, pues reconocen que muchas veces no se tienen las pruebas necesarias para la aplicación del castigo comunitario o se violan los derechos humanos de las personas.
El líder comunitario Marcelo Giatz Par comentó al respecto: “El incidente que se registró en la anterior administración de la municipalidad indígena de Sololá queda como precedente y se espera que en la actual se disminuyan los fallos”.
- VIDEO | Así azotaron al subcomisario policial en noviembre pasado
