Luego en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura, Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, informó que se hace saber a la población que atendiendo al llamado urgente del presidente en Consejo de Ministros, se declara estado de Sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.
El estado de Sitio tendrá una plazo de 30 días y de vigencia inmediata.
Dijo que se procede a la convocatoria al Congreso de la República para que en el plazo de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el decreto gubernativo.
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Ambos municipios mantienen un conflicto limítrofe que ha dejado muertos y heridos en varios enfrentamientos armados.
El último incidente se registró el fin de semana pasado, cuando más de 10 personas perdieron la vida en Santa Catarina Ixtahuacán.
El total de fallecidos divulgado por Policía Nacional Civil es de 13, pero dos personas más, un poblador y un agente de la PNC ya habían sido identificados entre el viernes y el sábado.
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Este lunes, decenas de pobladores mantienen un bloqueo en el kilómetro 171 de la ruta Interamericana a donde llevaron los féretros de la mayoría de las víctimas y exigir justicia por la masacre sucedido.
En el punto de reunión, los presentes portan pancartas en las que repudian la violencia registrada y piden al Gobierno tomar cartas en el asunto.
Pascual Tambriz, alcalde de Santa Catarina Ixtahuacán, indicó que su cargo es ser alcalde y que el Gobierno es el que toma la decisión por la situación que se vive.
Añadió que si el presidente decretó la disposición, esta se debe respetar.
Señaló que no se trata de solo imponer un estado de Sitio, pues se tiene que cumplir la justicia, que es lo que exigen. Además, le den solución al problema limítrofe.
Antecedentes
El 30 de mayo del 2020, el presidente Alejandro Giammattei decretó estado de Sitio en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, en Sololá, siempre por el tema de la conflictividad.
Según la disposición en esa ocasión, la declaratoria del estado de Sitio se estableció al considerar que en dichos municipios “se han realizado una serie de acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes”.
