El jueves pasado, alcaldes indígenas y pobladores detuvieron a López y otros dos agentes, a quienes acusaron de ser extorsionistas y exigir Q50 mil a cuatro vecinos.
Los dos agentes fueron rescatados por otros compañeros, mientras López aceptó el castigo y se comprometió a pagar Q41 mil para reintegrar lo que supuestamente había extorsionado.
El castigo hacia el subcomisario abrió nuevamente el debate entre la justicia indígena y la estatal, ya que muchas veces no se tienen las pruebas necesarias para la aplicación del castigo comunitario o se violan los derechos humanos de las personas.
Marginación
Antes de su destitución, Sen había manifestado que existe exclusión sobre sus leyes, que no son reconocidos en Guatemala y siempre hay marginación.
“Existen comentarios racistas sobre estos hechos, en sancionar a un subcomisario vinculados por testigos a actos de corrupción, que en asamblea de los 72 alcaldes comunitarios se tomó la decisión de azotar con 20 latigazos, porque tuvimos pruebas sobre estos hechos”, dijo.
Tomás Saloj Guit, alcalde indígena, explicó que la municipalidad emitió un comunicado sobre los comentarios sin fundamentos y racistas de la aplicación del sistema jurídico indígena, que evidencia al no reconocimiento de las autoridades indígenas de Sololá.
“El trabajo de la municipalidad indígena en resolver un promedio de 3 mil casos al año, evidencia y confirma que nuestra justicia es funcional, mantenemos firme nuestra postura, que bajo acta el acusado reintegre los Q41 mil, cantidad de las extorsiones que exigió en Sololá”, refirió Saloj.
María Chuj, alcaldesa de Sololá, criticó a los medios de comunicación que han generado comentarios negativos sobre las autoridades indígenas, lo cual se analiza sin fundamentos y pide que el Ministerio Público (MP) profundice las investigaciones.
Además, que cese de inmediato la criminalización a la autoridad indígena y que se respete el ejercicio de los derechos de la justicia comunitaria.
Los líderes comunitarios solicitan al MP que investigue sobre la vinculación de otros agentes de la Policía Nacional Civil en actos de corrupción, mientras que al Ministerio de Gobernación demandan la depuración de los malos agentes que han sido denunciados por la población y a los medios de comunicación exigen no suplir mentiras sobre la verdad y justicia.
La semana pasada los alcaldes indígenas emitieron un comunicado en el que confirmaron que hubo presencia de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), MP y PNC, durante la aplicación del castigo comunitario.
Mientras las otras instituciones no se han pronunciado sobre el caso.
Félix Chumil, vecino, señaló: “con las investigaciones se demostrará si el subcomisario es inocente, como asegura la PNC”.
