El viernes último salió de la cárcel Cantel, en Quetzaltenango, donde estuvo recluido durante 790 días, por el supuesto secuestro de Casimiro Pérez, un trabajador de la empresa Hidroeléctrica Salá.
El Ministerio Publico (MP) formuló la acusación contra Sánchez, por el secuestró de Pérez.
La Fiscalía del Crimen Organizado del MP estableció que Pérez fue llevado en contra de su voluntad al caserío Nuevo San Francisco, San Pablo, San Marcos, para evitar que continuara trabajando en la hidroeléctrica.
La Fiscalía presentó como medios de prueba 24 documentos y fotografías para sustentar la acusación; además, fueron escuchados 12 testigos durante el debate, que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de San Marcos.
El 19 de agosto del año pasado, los jueces dictaron sentencia absolutoria a favor de Sánchez, al considerar que no se trataba de un secuestro.
“En ningún momento se pidió algo a cambio para la liberación de Casimiro Pérez. ¿Sera que una persona tendrá la intención de secuestrarlo y exhibirlo ante 300 personas más?”, dijo Carlos Barrios, juez de Sentencia.
La manera en que respondió Pérez y las contradicciones de los testigos permitieron que no se le diera valor probatorio, por lo que se ordenó la libertad del sindicado; sin embargo, la Liga Pro Patria, que figuró como querellante en el proceso, apeló la sentencia en la Sala Mixta de Apelaciones.
El 9 de febrero último, se ratificó la sentencia a favor del acusado, ya que las magistradas no acreditaron la apelación, al considerar que la resolución tiene coherencia. “Se confirma la sentencia emitida en primer grado y se ordena al tribunal emitir la orden de libertad correspondiente”, explicó Mirtala Miranda, magistrada presidente de la Sala de Apelaciones.
Después de dos años con tres meses, Sánchez recobró su libertad y aseguró que su caso es una persecución política por estar en contra de la construcción de la hidroeléctrica. “Fui víctima de una persecución política por defender nuestro territorio. Exijo el respeto para la población Maya Mam de San Pablo, porque tenemos el derecho de protestas sociales”, refirió.
Criminalización
Diversos sectores, entre ellos el Consejo de Pueblos de Occidente y la Comisión Paz y Ecología, concluyeron que el caso de Sánchez es un ejemplo de la criminalización de líderes comunitarios que se oponen a la explotación de los recursos naturales.
“Se le persigue pensando en que son opositores, cuando lo único que han hecho es defender su derecho legítimo, porque no han sido consultados sobre la construcción del proyecto”, afirmó Eluiv Orozco, del Consejo de Pueblos de Occidente.
“Estuvo más de dos años en prisión de manera injusta y es por eso lo catalogamos como un ejemplo de la criminalización del ejercicio de los derechos”, afirmó Uriel Miranda, abogado de la Comisión Paz y Ecología.
Rolando López, otro líder del pueblo Mam, aseguró que solo se defiende la vida y el territorio, ante la intromisión de las empresas transnacionales. “Son judicializados injustamente porque no han cometido delito. Solo defienden su territorio que se ve amenazado con la construcción de la hidroeléctrica”.
“Un mi hijo tuvo que emigrar a Estados Unidos porque también era perseguido y nos hacía falta dinero”, aseguró Zoila Pérez, esposa de Sánchez, mientras esperaba a su esposo saliera de la cárcel.
Finalmente Sánchez abandonó la prisión, donde lo esperaban integrantes del Consejo Mam y organizaciones que fueron pilares para soportar la angustia que vivió durante los últimos 790 días, quienes los acompañaron al Caserío Nuevo Jerusalén, San Pablo, San Marcos, donde el 10 de diciembre del 2014 fue capturado por la Policía Nacional Civil.
Vecinos aseguran que Sanchez se ha proyectado en la comunidad, debido a que es integrante del Comité de Emergencia por la Salud, secretario y catequista de la iglesia católica, alcalde indígena y miembro del Consejo del Pueblo Maya.
La captura
Sánchez fue capturado durante un operativo para la liberación de al menos 17 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un fiscal del Ministerio Público (MP), que fueron retenidos por pobladores de la colonia Las Cumbres, San Pablo, San Marcos.
De acuerdo con información del a PNC, los pobladores se oponían a las diligencias de las autoridades, que buscaban capturar a tres líderes comunitarios que se negaban a pagar el servicio de energía eléctrica y a la construcción de una hidroeléctrica.
Proyecto paralizado
Actualmente el proyecto hidroeléctrico se encuentra suspendido debido a que en enero del 2015, la conflictividad se agravó cuando se intentó ingresar maquinaria al lugar donde se edificaría.
La problemática surge cuando el Ministerio de Energía y Minas autorizó la licencia de edificación de la hidroeléctrica, en el 2009; sin embargo, varios amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad surtieron efecto al argumentar que se violó el derecho de consulta.
No obstante, en el 2011, se aprobó el proyecto Hidrosalá para que se construyera en la Finca Argentina, San Pablo, el cual aprovecharía el caudal del río Salá durante 50 años para generar 15 megavatios de energía.
Hasta el momento, según el gobernador departamental Oswin Morales, la próxima semana se retomará el dialogo para que prevalezca la gobernabilidad, pero reconoció que por el momento se vive una aparente paz entre los empresarios y la comunidad.
“Me reuniré con el alcalde de San Pablo para coordinar la reactivación de la mesa de diálogo y buscarle la mejor solución al conflicto”, afirmó el funcionario.
