La actividad de este sábado es coordinada por el sacerdote Toribio Pineda García, quien además hizo un llamado a todas las organizaciones del San Marcos para que se unan al clamor popular.
Paro nacional
Miles de guatemaltecos tomaron el miércoles últimos las calles de la capital y varios departamentos para marchar pacíficamente en reclamo de la renuncia del presidente Jimmy Morales, acusado de supuesta corrupción, y de 107 diputados que votaron una controvertida reforma.
En la capital, al grito de “¡Renuncien corruptos!” los manifestantes, entre universitarios, trabajadores, docentes, campesinos, indígenas y otros partieron desde varios puntos de la ciudad hasta la plaza central de la Ciudad de Guatemala.
Al final de la noche, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que en la capital guatemalteca y los departamentos habrían protestado unas 205 mil personas.
La crisis política en Guatemala se desencadenó tres semanas atrás cuando el presidente Morales fue acusado por el Tribunal Supremo Electoral de anomalías en las finanzas del partido que lo llevó al poder cuando era su secretario general.
La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que le retirara la inmunidad para investigarlo por el delito de presunto financiamiento electoral ilícito, pero Morales respondió ordenando la expulsión y declarando persona no grata al comisionado Iván Velásquez, titular de la CICIG, lo que generó críticas a nivel nacional e internacional. La Corte de Constitucionalidad revirtió la decisión y detuvo la salida de Velásquez.
Entonces la Corte Suprema dio trámite a la solicitud para revisar la inmunidad del mandatario y la envió al Congreso, pero los diputados -liderados por la bancada oficial- se negaron a discutir el tema y archivaron el proceso.
En su intento por proteger a los políticos, el Congreso guatemalteco reformó luego el Código Penal y libró de persecución legal a los acusados de financiamiento electoral ilícito al tiempo que modificó la conmutación de penas a quienes cometieran al menos unos 400 delitos. La población reaccionó con indignación y los acusó de hacer un “Pacto de Corruptos”.
La reforma al Código Penal fue detenida por la Corte de Constitucionalidad y luego anulada por el Congreso tras fuertes manifestaciones populares.
La crisis ya se ha cobrado la renuncia de cuatro ministros y por lo menos 10 viceministros.
