“Varios campesionos trabajamos entre 2 y 15 años y no nos pagaron prestaciones laborales, por eso invadimos la tierra hasta que nos resuelvan. Por el momento rechazamos el diálogo”, comentó José Esteban Morales, afectado.
El grupo de invasores, integrado por campesinos, embarazadas, niños y personas de la tercera edad se presume que es originario de Tajumulco, Tacaná y El Tumbador, que habrían sido contratados por Carlos Humberto Aschenbrenner.
Representantes de los inconformes detallaron que 320 cuerdas de cultivo de café fueron distribuidas a cada familia que ingresó al inmueble con el rostro cubierto y portando machetes.
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Respecto de las bombas caseras que habrían detonado en horas del mañana de este martes, señalaron que es para organizar a los grupos que mantienen el control de la finca y descartan cualquier tipo de enfrentamiento violento, ya que lo único que piden es que se les pague lo que establece la ley laboral del país.
Disturbios
Las autoridades de los centros educativos públicos y privados de la colonia El Carmen suspendieron clases por temor a que se registraran disturbios y perjudicaran a los mil 200 estudiantes, ya que según Omar Interiano, alcalde auxiliar, el ambiente continúa tenso.
“Somos ajenos a esta situación, pero debido a que nuestra colonia colinda con la finca tememos que algo pueda suceder. Desde las 5 horas de este martes han empezado a detonar bombas caseras. Coordinamos con las autoridades educativas y decidimos suspender clases en todos los establecimientos”, comentó.
En el lugar permanece el núcleo de reservas de la Policía Nacional Civil intentando entablar un diálogo con los campesinos, ya que según Esperanza López, delegada departamental de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh), aún no se han establecido las demandas de los inconformes.
“Nuestra labor en primera instancia será conocer las necesidad de las personas y después dialogar con ellos. A primera hora nos enteramos de la situación, pero aún no sabemos si son trabajadores de la finca y de dónde llegaron. Estamos dispuestos a velar por que no haya violación a los derechos humanos de ninguna persona”, comentó.
Según los campesinos la finca pertenecía a Aury Maria Julisa del Carmen, quien desde hace varios años falleció y quien asegura ser el propietario actual es quien les adeuda las prestaciones laborales y no se ha podido contactar para obtener su versión.
El comisario Edgar Soc dijo que después de varias horas se logró convencer a los campesinos que estaban incurriendo en varios delitos y se coordinó una audiencia con el gobernador departamental Oswin Morales, para exponer las peticiones que van desde el pago de las prestaciones laborales atrasadas hasta que se les asigne parte de la finca para vivir.
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