“Sáenz Cóbar construyó un puente sin licencia de construcción en la finca La Chacra, en la entrada de la ciudad colonial”, afirmó el juzgador.
Al ser consultado por el fallo del juez, Sáenz Cóbar se limitó a decir que no hablaría sobre el tema porque desconocía de derecho. “Mejor pregúntele a los abogados, porque yo de derecho no sé nada”, expresó.
Osvaldo Díaz, representante legal del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala, quien solicitó al entre juzgador una multa de Q50 mil y la demolición del puente, aseguró que analizará el fallo para su apelación en el término que lo indica la ley.
La multa de Q500 había sido solicitada por la Procuraduría General de la Nación.
Desacuerdo
María Eugenia Contreras, concejal tercera y denunciante del caso, lamentó la sentencia, pues asegura que los delitos, tanto el de desobediencia como el de daños al patrimonio, están debidamente documentados.
Comentó que por el delito de desobediencia Caleruega, S.A. no contaba con la renovación de la licencia de construcción, por lo que la Municipalidad le ordenó suspender los trabajos, pero estos continuaron en clara desobediencia, además se le impuso una multa de Q500 mil que nunca cancelaron.
“Esa construcción es contraria a la conservación de la ciudad, porque se encuentra en una zona de influencia y altera el paisaje”, enfatizó.
Una corporación de arquitectos que pidió no ser citada en este artículo valoró la construcción del puente en Q5 millones y calificó el procedimiento de solicitud de licencias como “viciado”, además consideró el fallo del juez como “incoherente”.
“Resultó más barato pagar la multa que cumplir la Ley de Protección de Antigua Guatemala. Es un mal mensaje para la conservación de la ciudad”, opinó un arquitecto, que ofreció su opinión con al condición de permanecer en el anonimato.
Antecedentes
El 13 de abril del 2013 la licencia de construcción del puente sobre el cauce del río Pensativo estaba vencida. Había sido solicitada un año antes pero la obra no se ejecutó durante el periodo solicitado.
Según la denuncia, la empresa Caleruega, S.A. no acató una orden del Juzgado Municipal para suspender los trabajos de construcción de un puente en la finca La Chacra, propiedad de Sáenz Cóbar, lo que condujo a que un grupo de concejales interpusiera la denuncia, el 13 de mayo de 2016, a lo que se adhirió el resto del concejo.
