En la auditoría financiera y presupuestaria que la Contraloría General de Cuentas practicó del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2016 determinó que los pagos por compra de baja cuantía, menor de Q10 mil, que llevó a cabo esa comuna no pueden considerarse legítimos porque en los expedientes no existen evidencias adecuadas que comprueben la adquisición de bienes y servicios.
El MP indicó en la audiencia, que concluyó la noche del miércoles 8 de mayo, a las 21.45 horas, que los sindicados incumplieron sus funciones establecidas en el artículo 54 del Código Municipal y leyes conexas, lo que perjudicó al erario público por Q1 millón 515 mil 63.96, por lo que solicitó al juez que los señalados fueran ligados a proceso por incumplimiento de deberes.
La defensa de Vásquez Girón y García Ortiz aseguró que a pesar de que sus defendidos integraron la Comisión de Finanzas no era su responsabilidad fiscalizar las acciones financieras de la comuna, debido a que existen otras instancias y funcionarios que lo deben hacer de oficio.
Mientras que la defensa de Pérez Ramírez presentó documentos con los que buscaba demostrar que su patrocinado sí ejecutó sus funciones de fiscalización, pero que no fue atendido por el despacho municipal y otras instancias.
El juez Juan Carlos González García argumentó que Vásquez Girón y García Ortiz incumplieron con sus funciones de empleados públicos, de acuerdo con el Código Municipal, por lo que los ligó a proceso por incumplimiento de deberes y les dictó arresto domiciliar, prohibición de salir del país, la obligación de firmar el libro digital de asistencia cada 15 días en el Juzgado de Paz de San Miguel Dueñas y al pago de una caución económica -fianza- de Q12 mil cada uno.
En tanto que Pérez Ramírez obtuvo una falta de mérito pues el juez estableció que cumplió con sus funciones fiscalizadoras como lo indica el Código Municipal.
La audiencia para que el MP presente las conclusiones de su investigación se programó para el 9 de agosto de 2019 y la de etapa intermedia, para el 23 de agosto, a las 9 horas.
Este proceso fue judicializado el 9 de abril pasado, cuando el MP allanó varios inmuebles y aprendió a personas vinculadas a posibles actos de corrupción en dicha municipalidad.
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