Entre los proyectos controversiales están: libramiento de la ciudad, centro de mayoreo y traslado del mercado municipal, que serían ejecutados por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), programa Antigua Limpia, obras de arrastre con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), concesiones de bienes municipales, retiro de los lava y cuida carros y ventas ambulantes.
Los concejales aseguraron que no están en contra de los intereses de la comunidad ni de los proyectos priorizados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), sino en abrir un espacio de comunicación con la sociedad civil para que los intereses de los antigüeños tengan prioridad en la gestión municipal.
“No podemos seguir callados ante la inoperancia y el desgaste innecesarios. Queremos que la administración municipal se enderece, porque estamos preocupados por su estado actual que no está bien vista”, agregó Contreras.
Rosa Ángela González, secretaria del Consejo Cívico de Vecinos (Concive) rechazó los argumentos de los concejales, porque según el artículo 9 del Código Municipal, el Concejo es solidario y mancomunadamente responsable por la toma de decisiones de ese órgano colegiado.
“El tiempo de espera ya se terminó, porque se trata de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y el destino turístico más importante del país, por lo que no se vale la postura que tomaron”, manifestó
José Benítez, vecino antigüeño, dijo que la postura de los concejales es tardía porque desde el inicio guardaron silencio.
“La molestia ciudadana es contra todo el concejo y ahora quieren salir en caballo blanco haciendo responsable a la alcaldesa”, refirió.
La alcaldesa rechazó los señalamientos de los concejales al argumentar que los proyectos y programas tratados en el concejo han seguido el debido proceso, y los otorgados a Anadie se ha pedido profundizar en la factibilidad, presupuesto y diseño pero que no hay nada concreto aún.
Crisis del agua
La falta regular del servicio del agua entubada afecta a un 40 por ciento de la población, sobre todo del casco urbano, lo que se sumó al malestar de la población por la baja ejecución del presupuesto que alcanza el 28 por ciento, equivalente a Q47 millones del presupuesto vigente de Q174 millones.
Julio Martínez, jefe operativo del departamento de Aguas y Alcantarillados, estimó que la regularización del servicio de agua estará en los primeros días de septiembre, mientras se reparan las dos turbinas de la bomba del pozo instalado en Alameda Santa Rosa.
“Para aliviar la emergencia, se abrió más la válvula de la compuerta del acueducto Xayá Pixcayá, que abastece los tanques de agua de San Juan Gascón y Santa Inés. Además, se ha dado más tiempo de bombeo a otros tres pozos del área”, aseguró Martínez.
