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“El hombre me rebasó y más adelante fue detenido por la PNC, yo me pasé a la otra acera, pero dos policías me detuvieron acusándome de que yo era cómplice del detenido, les explique de mil maneras que trabajaba cerca y que no tenía nada que ver con el otro detenido”, explicó.
Finalmente, Carlos fue trasladado a los tribunales y después al Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché, donde inicio su calvario.
Al llegar al preventivo Carlos fue recibido por el alcaide quien, según el afectado, es el que decide a dónde enviar a los detenidos. El sector uno es para jóvenes y que pueden pagar la talacha, el sector dos para los pobres que no pueden pagar ni un centavo y al sector tres envía a los ancianos y enfermos. Carlos fue enviado al primero.
“El encargado del sector me explicó que tenía que pagar Q5 mil si no quería hacer la talacha, que no es más que hacer la limpieza, pero mientras se hace los otros internos lo golpean a uno hasta dejarlo inconsciente, para que los familiares paguen la extorsión, yo acepté pagar, pero mientras mi familia reunía el dinero me golpearon como muestra de lo que me pasaría si no lo hacía”, asegura.
“Al informarles que ya se tiene el dinero para pagarles, dan instrucciones vía telefónica a cómplices que están fuera del preventivo para recibir el dinero o indicarle a los familiares que lo dejen en determinado lugar, al recibirlo es repartido entre los internos y las autoridades del preventivo”, aseguró Carlos.
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El problema no terminó allí, ya que luego de pagar a un grupo, Carlos fue amenazado por pandilleros y debió pagar Q200 a cambio de no ser golpeado.
“En el preventivo de Quiché no cabe nadie más, para dormir me cobraban Q2 mil 500 por media cama y Q4 mil por una cama completa al mes, como no los pagué me enviaron al baño y me colocaron parado junto a otros internos, uno detrás de otro, nadie se puede mover hasta el otro día, era un infierno”, señaló.
Carlos asegura haber observado como en esa cárcel se vende mariguana, cocaína y heroína, también asegura haber visto teléfonos celulares por todos lados.
“Si usted quiere hablar con su familia no hay problema, pero pague, el jefe del sector acompañados de otros internos se encargan de interrogar a los nuevos para saber si conoce el número de teléfono de algún vecino que tenga dinero, piden datos de sus hijos y familiares para poder extorsionarlos desde la cárcel”, comentó.
Carlos estuvo una semana en esa cárcel hasta que finamente se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la persona detenida en el parque, aunque mientras eso se comprobaba, asegura que pagó alrededor de Q15 mil entre extorsiones y honorarios de abogados.
“Todavía tengo malos sueños de eso, mi vida quedo marcada. Varios de mis familiares y amigos me dijeron que denunciara a los policías que me detuvieron por error y a las autoridades del sistema de justicia por el daño que me hicieron, pero solo de recordarme lo que viví no quiero regresar a ese lugar y no lo hice”, explicó.
El Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz del Quiché declaró el caso como falta de mérito, y Carlos quedó en libertad.
Muere por golpes
En el 2016, Pedro García, interno del preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Quiché con golpes en diferentes partes del cuerpo y, según los médicos, con lesiones internas producto de haber sido vapuleado, en estado agónico su abogado grabó su declaración donde relataba que varios internos lo habían golpeado por haberse negado a pagar la talacha, un día después falleció.
Sin solución
Cecilia Barrios, presidenta de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura en Guatemala, dijo que ese problema del pago de la talacha viene desde muchos años atrás.
“El pago es diferente en los centros preventivos y se paga semanal, mensual o diario, estamos tratando este y otros problemas en una mesa técnica que estamos realizando con las autoridades del sistema penitenciario”, explicó.
Barrios reiteró que el hacinamiento es terrible en las cárceles de Guatemala, además los privados de libertad que cometen faltas pequeñas son encarcelados junto a reos que cometieron homicidios o son pandilleros.
“Encontramos a un preso originario de Petén recluido en Retalhuleu, muchos internos ya cumplieron con su condena y siguen presos porque el sistema de justicia está muy mal”, señaló.
El Sistema Penitenciario (SP) informó que ese tipo de cobro es ilegal, y que la persona que tenga conocimiento del mismo tendría que interponer la denuncia en el Ministerio Público.
Según el SP, la denominada Talacha no es más que la limpieza que se hace en los sectores de las cárceles, pero desde hace varios años los internos le cambiaron el sentido al tema y lo utilizan para hacer cobros ilegales a otros reos.
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