Las personas fueron detenidas el pasado viernes y castigados el sábado al final de la tarde, cinco de ellos fueron amarrados a un poste de energía eléctrica y a las mujeres les cortaron el cabello, todos fueron interrogados por varias horas, tiempo en el que habrían delatado a otro hombre, quien después también fue detenido por los vecinos.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, señaló que las personas que recibieron castigo eran integrantes de la banda “los quichelenses” y que en total se trata de 16. El jefe edil comentó que los detenidos les informaron que se dedicaban a robar en los mercados de Santa Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas, Cunén, Cotzal, Joyabaj y también en los mercados de Chimaltenango y Sololá.
“Ya nos pusimos de acuerdo y los detenidos tendrán que moverse sobre sus rodillas tres veces en circulo al mercado de San Pedro Jocopilas y después recibirán 13 azotes distribuidos en la espalda, las manos y los tobillos, se les dará una última oportunidad y se les dejará en libertad, pero si son detenidos nuevamente no responderemos por las acciones de la población”, dijo.
Agregó: “Hacemos nuestro máximo esfuerzo por evitar linchamientos en la población, el problema es que la gente está cansada y cada vez es más difícil contenerlos, el problema es que los delincuentes no entienden. Por ejemplo, uno de los hombres y una mujer fueron castigados por autoridades indígenas en Sololá meses atrás, acusados de robo también y la gente ya pide otra cosa, pero nosotros no nos prestamos a eso”
Cientos de personas ocuparon las gradas ubicadas al frente de la iglesia parroquial de San Pedro, a donde fueron llevados los cinco detenidos, algunos sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social por el contagio del covid-19.
A las mujeres las despojaron de sus blusas típicas, lo cual es una gran humillación para ellas pues exponen su cuerpo en público, y fueron azotadas.
Por momentos el castigo casi se sale de control. Un vecino interrumpió y advirtió a los detenidos que si los veían nuevamente en el municipio les quitarían la vida, mientras los insultaba, y muchos gritaban que se les rociara gasolina y los quemaran porque eran reincidentes y no querían más azotes, mientras las autoridades indígenas trataban de contenerlos.
Los agentes de la Policía Nacional Civil únicamente permanecían a distancia de la plaza de San Pedro Jocopilas observando cómo se desarrollaba el castigo comunitario, al final las personas fueron dejadas en libertad en medio de gritos que pedían que los quemaran.
Las reacciones en redes sociales estallaron. Los usuarios criticaban la falta de medidas de seguridad sanitaria, señalaban como una irresponsabilidad de las autoridades comunitarias convocar a tantas personas para ponerlas en riesgo por el contagio del coronavirus, y que debieron haber entregado a los detenidos a las autoridades y evitar lo ocurrido.
Flavio Ruíz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha señalado que el castigo comunitario no lleva a ninguna solución ni a que las personas dejen de delinquir.
“Son otro problemas sociales de fondo los que hay que solucionar, como la pobreza y la falta de oportunidades, azotar a una persona no garantiza que no lo vuelvan a hacer”, señaló
