Luego del castigo los dos supuestos ladrones fueron obligados a pedirle perdón a su víctima y posteriormente entregados a sus familiares, quienes lloraban por el castigo aplicado a sus parientes.
Cesar Cecilio Zapeta, uno de los sindicados manifestó: “Le juro que no vuelvo a hacer y estoy a sus órdenes”.
Autoridades indígenas advirtieron a los castigados, que, de amenazar de nuevo a su víctima, el castigo sería más severo.
Los hechos
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz de Quiché, informó que el 5 de septiembre pasado, un sujeto contrató al dueño de un microbús para un viaje, pero cuando llegaron a la zona 2, cuatro hombres habrían golpeado al propietario de la unidad y lo abandonaron en la colonia Los Celajes.
Posteriormente le exigían Q10 mil de extorsión para devolverle el vehículo a lo que el propietario accedió, pero no le devolvieron el microbús, por lo que denunció el caso en el Ministerio Público y también acudió a las autoridades indígenas.
Reconoce
Crispín Pérez, uno de los azotados, aceptó haber participado en el ilícito, “todos cometemos errores, ya aceptamos las condiciones de la alcaldía indígena y vamos a cumplir con lo acordado, ahora a recibir el castigo, porque nosotros no lo buscamos”, manifestó.
Luego de las declaraciones de los implicados, el microbús fue ubicado en San Pedro Soloma, Huehuetenango.
Se informó que la unidad estaba en servicio en una comunidad lejana, por lo que autoridades indígenas de Quiché viajaron a ese lugar y pidieron ayuda a la Policía Nacional Civil, que capturó a Ricardo Zacarías Pedro y a su cómplice Edwin Alexander Andrade Quiroa,
Casimiro Pixcar, integrante de la alcaldía indígena de Chinique, Quiché, informó que los dos azotados deberán pagar Q17 mil 350 cada uno, como resarcimiento al propietario del microbús y para cubrir los gastos en los que incurrió la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché para ubicar a otros cómplices de los sindicados.
Piden plazo
Los dos sindicados pidieron entre cinco y ocho días para pagar y dejaron como garantía un picop, una motocicleta y una vivienda, bienes que perderán si no se cancelan en el tiempo estipulado.
“Estamos organizados en 16 municipios del departamento y no tendrán para donde correr, queremos evitar que la delincuencia se salga de control”, puntualizó Pixcar al referirse a los delincuentes.
