QUETZALTENANGO – Morales recuperó su libertad luego de permanecer en prisión desde septiembre último, acusado del delito de promoción o estímulo a la drogadicción, cuando fue detenido por compañeros de trabajo que hacían una inspección de rutina en la garita número 2 de la granja Penal de Cantel, Quetzaltenango.
El juez otorgó la suspensión de la condena porque el procesado no contaba con antecedentes criminales, además, le explicó que de cometer otro ilícito podría eliminarse este privilegio y tendría que cumplir la pena.
Morales ocupaba el puesto de vigilante en la garita que se ubica en la parte de atrás de la prisión, era su segundo turno asignado. El Ministerio Público (MP) lo sindicó de encontrarse en la garita el 2 de septiembre de 2014, cuando se percató que había una inspección de rutina del perímetro por otros agentes del SP y Morales salió corriendo y tiró una bolsa negra entre la grama.
Los elementos de seguridad que hacían la inspección se percataron de su acción y lo obligaron a recoger la bolsa, la cual contenía dos libras de marihuana.
Félix Molina, defensor del guardia, indicó que a su patrocinado también con la condena se le impuso el pago de una multa de Q5 mil, la cual tuvo que cancelar previo a salir de la prisión.
Antecedente
En noviembre de 2014, Víctor Manuel Vega Retana, de 31, también agente del SP que estuvo asignado en la misma garita que Morales, fue condenado a una pena de 3 años de prisión conmutables a Q25 diarios por el delito de encubrimiento personal y también se le suspendió el cumplimiento de la pena.
Vega canceló una multa de Q3 mil y fue acusado por la Fiscalía de no dar aviso a sus autoridades que cerca de su garita había una bolsa, la cual contenía marihuana, anfetaminas y un celular a finales de agosto de 2014.
Los dos guardias tenían menos de 3 meses de ser asignados en Cantel, y fue en la misma garita con una semana de diferencia cuando ocurrieron los hechos.
Rudy Esquivel, vocero del SP, indicó que los guardias por el momento se encuentran en “situación especial” sin goce de salario desde el día en que fueron capturados, mientras tanto se lleva una investigación administrativa para decidir si continúan laborando para la institución o no.