La axiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Xela presentó una denuncia contra la funcionaria, en el Ministerio Público (MP), por tráfico de influencias.
José Luis Sigüil, de la sociedad civil de Xela, señaló que es reprochable la acción de la funcionaria, ya que a simple vista hay interés en favorecer a su padre, quien fue destituido el martes último, pues laboraba bajo el renglón 0-35 y recibía beneficios del 0-11.
Rogelio Pérez, presidente del comité de vecinos de la zona 7 de Xela, criticó a la gobernadora, debido a que suspendió sus obligaciones por involucrarse en un tema laboral donde figura un familiar y que a ella no le corresponde.
Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango, señaló que es necesario que se respete la independencia de cada una de las instituciones.
“En este caso la gobernadora no debe tener injerencia sobre los problemas que tiene el Segundo Registro de la Propiedad, pues hay cosas más importantes con las que debe cumplir, y que sí le corresponden, como la inseguridad en Xela que tanto agobia a la población”, comentó.
Denuncia
Flor Gómez, delegada de la PDH, explicó que hace unos días recibieron la denuncia de tráfico de influencias de la gobernadora, pues trató de abogar por su padre.
“Decidimos remitir la denuncia al MP para que se haga la investigación penal contra la funcionaria, a quien le requerimos un informe detallado sobre el objetivo de su visita al Registro y la conversación que sostuvo con los trabajadores y el registrador”, añadió Gómez.
Consultada al respecto, Ávila comentó: “No está fuera de mis funciones. Es parte de mis atribuciones coordinar con instituciones autónomas o semiautónomas, centralizadas o descentralizadas, entonces, es parte de mi trabajo”.
La funcionaria añadió: “Son 37 personas las que están siendo afectadas y los trabajadores han platicado conmigo y solicitaron que intervenga”.
Orden judicial
Marco Arodi Zaso, titular del Segundo Registro, informó ayer que rechazaron la orden del juez de Primera Instancia de Trabajo, José Alvarado Villagrán, quien ordenó la reinstalación de los 19 empleados destituidos, pues la Contraloría señaló que es anómalo que empleados del reglón 0-35 reciban beneficios del 0-11.
“La orden señala de se les reinstale en las condiciones en que estaban, y eso es ilegal por los dictámenes de la Contraloría, por lo que presentamos un recurso de nulidad”, manifestó Zaso.
Critican intervención
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