Sergio Muñoz, residente de la zona 3 de Xela, señaló a la comuna de ser la principal responsable de limitar su derecho a la libre locomoción.
Explicó que los artículos 1 y 35 del Código Municipal ordenan que el Concejo debe velar por el urbanismo y ordenamiento municipal, aspecto que no se cumple.
“Tanto el alcalde Luis Grijalva como el Concejo incumplen el Código Municipal, porque deberían ordenar. Pero como no lo hacen, incurren en abuso de autoridad”, expresó Muñoz.
Teresa Cruz, pobladora, dijo que en los mercados se encuentran muchos obstáculos, por lo que tienen que caminar por las calles, con riesgo de ser arrollados. Añadió que en la rotonda de la zona 2 muchos talleres de pinchazo obstaculizan el paso en las aceras.
“No hay libre locomoción en Xela. Uno arriesga la vida al caminar en la calle y nunca faltan algunos malos pilotos. Si se les reclama a los vendedores, le alegan a uno. Y en la municipalidad tampoco hay acciones. Al contrario, acomodan a los vendedores en las aceras. Según ellos están ordenando, pero están violando nuestro derecho”, reclamó.
Flor Gómez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, refirió que es constante el incumplimiento del derecho a la libre locomoción, ya que muchos obstaculizan el paso peatonal.
“Hay muy poca cultura, no solo de prevención, sino también de conocimiento de la Ley de Tránsito, y no se pondera la seguridad del peatón. Esta es una práctica constante entre los dueños de comercios, pilotos de transporte público o liviano que parquean sus vehículos sobre las aceras frente a sus viviendas. También es una mala práctica de los talleres de mecánica automotriz, y así va la lista”, resaltó.
Operativos
Carmen Mora, directora de Comunicación de la Municipalidad de Quetzaltenango, dijo que la Policía Municipal, con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito y personal de abastos efectúan constantes operativos para retirar a comerciantes y mercadería de las aceras, lo cual es ilegal.
Agregó que con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se pretende ordenar las calles y evitar el crecimiento de las ventas informales.
“En el POT se señala que hay restricción para ocupar las aceras, y será el personal de abastos el que haga, en primer lugar, una advertencia al comerciante, y si no hace caso, el expediente se girará al Juzgado de Asuntos Municipales y luego habrá sanción económica, depende de la gravedad”, explicó.
