Ayer, Abelina Cruz, la nueva jueza de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, que conoce el proceso, aplazó la audiencia para hoy debido a que los abogados de los procesados protestaron porque el Ministerio Público no les entregó una copia de las imputaciones por cada uno de los detenidos.
Con base en argumentos del Pacto de San José, la defensora de Rossana Schoenfeld, esposa de Barrientos, Mónica Fuentes, solicitó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) le entregaran una copia de la imputación.
“Se indica una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, si bien es cierto no dice de una primera declaración, estamos hablando de un pacto de carácter internacional por lo tanto regula de manera general una acusación penal”, señaló Fuentes.
La fiscal de la Feci, Virginia Laparra, expuso su inconformidad contra los abogados y aseguró que les han entregaron todos los documentos necesarios, pero que la imputación seria oral por lo que no era necesario una copia.
“Las actuaciones judiciales que la ley y todos los artículos que han mencionado exigen que se les proporcionen, les han sido proporcionados, la imputación va a ser persona por persona y van a tener todo el tiempo para tomar nota y hacer las acotaciones”, habló Laparra.
Finalmente, la juzgadora resolvió que era necesario que los abogados cuenten con una copia de la imputación de los hechos, por esta razón, ordenó a la Fiscalía entregar el documento a los profesionales este martes a las 11 horas.
Imputaciones
El primero de los detenidos que será escuchado será el constructor Werner Gudiel Domínguez Sánchez.
La jueza dio a conocer el orden en el que la Feci deberá imputar los cargos a los 19 sindicados. Barrientos Pellecer será en número 11 y después de él exdiputada le tocará el turno a la exgobernadora y exdiputada al Parlacen, María Elisa López Ixtabalán.
Para economizar tiempo y por la “celeridad procesal”, la Fiscalía propuso que las imputaciones se efectuarán de forma general para los detenidos, pero los abogados se opusieron; la jueza resolvió que se hiciera de forma individual.
La mayoría de los señalados fueron detenidos el 11 de septiembre por supuestamente haberse beneficiado de comisiones ilegales en la adjudicación de 122 contratos a constructoras, los cuales sumarian Q73 millones y aproximadamente Q25 millones en coimas.
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