La Feci señala que los sindicados en el proceso se habrían organizado para efectuar 122 contratos irregulares del 2007 al 2012 por un monto de Q73.3 millones.
Sandoval informó que la Fiscalía presentó la apelación del fallo emitido por Escalante ante la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango y espera una resolución a favor que permita reabrir el caso.
Para el jefe de la Feci, la resolución del juez es adversa, pero no tan “fatal” como esperaba. “El mecanismo de impugnación es la ruta larga que vamos a seguir, es un caso que se trabajó por varios años y que corresponde a hechos que afectan a la sociedad quetzalteca”, manifestó el fiscal.
Sandoval explicó que lo resuelto por el juez es una resolución que se desapega de la ley y a las circunstancias procesales. “–el juez– señala una serie de afirmaciones en la resolución, menciona que no contábamos con ciertas autorizaciones que de la simple lectura se advierte que son falacias”, expresó.
Al respecto, el juez manifestó: “La Feci indica que tuvo esa autorización, el problema es que en los tres meses –que duró la etapa intermedia– a mí nadie me la presentó o la mostró, el proceso tiene 30 piezas, además de las 16 cajas con documentación, pero no la vi”.
A decir del fiscal, sería un alivio saber que el juez resolvió por desconocimiento y no “por otro tipo de situaciones (…)”.
“Mi resolución está apegada a Derecho. Acá no se absolvió a nadie, por ser juez de garantías lo único que el juzgador puede hacer es limitarse a ver si se cumplieron con las garantías procesales que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Consideré que hubo incumplimiento a muchas garantías dentro del proceso”, expresó Escalante.
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Agregó: “La fiscal que vino a Xela no presentó ningún tipo de argumentación, se limitó a leer el escrito de acusación y cuando se intentó una argumentación confundió fechas, nombres, vinculó a procesadas en delitos que no estaban establecidos, lo que no se dijo es que certifiqué contra el Ministerio Público por una posible infracción de privilegios y por haber extraído información sin autorización judicial”.
La Feci analiza la actuación del juez para presentar una denuncia en su contra. “No es posible que se plasmen falsedades y se hagan requerimientos al Ministerio Público que no corresponden a nuestra función”, indicó Sandoval.
En ese sentido, el juez enfatizó: “Cualquier funcionario está expuesto (…) Ellos –Feci–, mejor que nadie, saben cómo se manejó este proceso, siempre hubo una comunicación en igualdad de condiciones, también con la defensa. Esperaría que no regresemos a la situación de hace un año cuando (…) denunciaban a los jueces por resolver en contra de los intereses de la comisión -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)-”.
Para la Feci, el caso debió llegar a juicio, pero el juez expresó: “Dentro de la resolución hago ver criterios que ha dado la Corte de Constitucionalidad respecto a que es innecesario llevar a juicio casos que no cumplen los presupuestos legales necesarios”.
Agregó: “En la fase preparatoria se menciona que hay una posible participación y que existen indicios suficientes que vinculan a los procesados, la jueza que los liga da lineamientos al Ministerio Público respecto a la investigación. La fase intermedia es para que se robustezca la pesquisa y que se presenten nuevos elementos de convicción, pero en esta etapa procesal, la Fiscalía presentó los mismos elementos de convicción”.
Integrarán Sala
La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango está integrada por los magistrados Dasma Janina Guillén Flores, quien la preside, Max Heriberto Mazariegos de León y Vilma Rossana Reyes González, vocales I y II, respectivamente.
Se informó que en el caso de la apelación que presentó la Feci contra la resolución del juez Hugo Escalante, la Sala esperará quedar integrada con un magistrado suplente debido a que la presidenta se inhibió.
Los magistrados suplentes de los que podría salir quien ocupe el puesto de Guillén Flores son Jorge Eduardo Tucux Coyoy y Estela Bailey Beltetón.
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Por estos delitos fueron sindicados los exfuncionarios:
- Jorge Rolando Barrientos Pellecer (exalcalde): asociación ilícita, lavado de dinero, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, abuso de autoridad y malversación.
- Carlos Humberto Prado Bravo (exconcejal): asociación ilícita, lavado de dinero, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, abuso de autoridad y malversación.
- Maximiliano Ingemar De León Argueta (exconcejal): asociación ilícita, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, lavado de dinero, abuso de autoridad, malversación.
- Carlos Roberto Pereira Gálvez (exsíndico): asociación ilícita, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, lavado de dinero, abuso de autoridad y malversación.
- Carlos Daniel Illescas López, (exsíndico): asociación ilícita, lavado de dinero, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada y lavado de dinero.
- Mario César Pacay García, exempleado municipal, asociación ilícita y cohecho pasivo.
Constructores señalados en el proceso:
- Cástulo Domingo Cayax, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Celso Sarceño González, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Julio César Saj Huinac, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Luis Alberto Menchú Maldonado, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Marvin Obdulio Rodas López, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Werner Gudiel Domínguez Sánchez, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
- Willy Rolando Vásquez de León, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero
El caso corrupción Xela
Según la pesquisa de la Feci y de la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se descubrió, en la Municipalidad de Quetzaltenango, una estructura criminal organizada, supuestamente integrada por funcionarios municipales, empresarios y particulares quienes habrían planificado el otorgamiento, aparentemente de manera fraudulenta, de al menos 122 contratos municipales a cambio de “grandes sumas de dinero”, las cuales llegaban hasta un 40% del valor del contrato.
En el 2004, Barrientos Pellecer asumió el cargo de alcalde de Quetzaltenango y fue reelecto dos períodos más.
Los funcionarios ediles que habrían integrado la estructura, según la investigación de la Fiscalía, ocupaban puestos estratégicos en las comisiones de infraestructura, empresa municipal de agua, recepción de obras, electrificación y finanzas, entre otras, y se habrían encargado de que determinados empresarios fueran los beneficiados con los contratos municipales.
De acuerdo a la pesquisa, el constructor Jorge Palomo Leppe, fue principal adjudicatario de las obras, y habría ocultado su participación en las ofertas de obra pública por medio de 12 empresas, las que participaban como licitadores aparentes, que prestaban su documentación en las licitaciones a cambio de un 10 por ciento del valor del contrato.
La obra era ejecutada por Palomo Leppe, mientras que, supuestamente, los supuestos adjudicatarios le trasladaban el 90 por ciento del valor del proyecto, se informó.
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