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Otro de los señalados, Donald Enrique Castro Coronado, fue condenado en junio del 2017 a 25 años por un asesinato en la zona 7 de Xela, quien cumple condena en la Granja Penal de Cantel, desde donde se presume ayudó a la estructura criminal para cometer las intimidaciones a los transportistas.
Las victimas realizarían depósitos de Q600 hasta Q15 mil a cambio de que sus unidades pudieran circular sin que los delincuentes atacaran a los pilotos. De los 35 señalados, cuatro tienen medida sustitutiva por lo que no están en prisión.
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De acuerdo con la Fiscalía, la estructura estaría organizada en coordinadores que operarían desde la Granja Penal de Rehabilitación Cantel y cobradores fuera de la cárcel.
Una de las formas de operar de los sindicados era por medio de la entrega de teléfonos celulares a pilotos para luego hacer llamadas intimidatorias. Entre los indicios, la Fiscalía cuenta con escuchas telefónicas y boletas de depósitos de los pagos hechos por las víctimas.
Este martes iniciaría el juicio en contra de los 35 procesados, pero dos de estos cambiaron de abogado particular por uno del Instituto de la Defensa Pública Penal, por lo que la diligencia se suspendió y reprogramó para el 22 de febrero de este año. La mayoría de los sindicados tienen otros procesos en su contra.
Los señalados son procesados por diferentes delitos como encubrimiento propio, apropiación y retención indebida, asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito.
Condena por extorsión
El 7 de febrero de este año, Sindy Elizabeth Mirón, acusada de extorsión, fue condenada a seis años de prisión en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango. La Fiscalía comprobó que la sindicada prestó su cuenta bancaria para que las víctimas depositaran el dinero exigido por los delincuentes.
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