El jefe edil y dos sindicados más fueron citados este martes a una audiencia de primera declaración, pero no comparecieron.
Socorristas de la 93 Compañía informaron que en marzo de 2012 solicitaron a la comuna que colaborara con mano de obra para la construcción del segundo piso del edificio de ese cuerpo de socorro y, en enero de 2013, el señalado accedió a dicha solicitud.
Explicaron que el material para la edificación había sido reunido por estudiantes de cinco escuelas del lugar y dos institutos. Añadieron que los menores y sus padres aportaron un mil 518 blocks, mientras la municipalidad envió a un albañil.
Sin obra
De acuerdo con la denuncia en contra del exjefe edil, después de que la comuna pagó Q30 mil al obrero, se publicó en Guatecompras el evento NOG 2831945, respecto a la ampliación del segundo piso de la compañía, por un costo de Q766 mil 500, de esa cantidad, supuestamente se pagó un poco más de Q400 mil a la constructora, pero no hubo avance en los trabajos.
Cuando los Bomberos Voluntarios se percataron del engaño, denunciaron la posible irregularidad, ya que la comunidad se indignó, pues fueron pobladores quienes aportaron el material.
Moisés de León, abogado de los bomberos, quienes están constituidos como querellantes adhesivos en el proceso, dijo que desde el 2014, Mencho perdió su inmunidad por este proceso, ya que en ese entonces era alcalde, pero desde ese año el proceso continúa y no se ha resuelto el problema.
Tres delitos
La fiscalía del Ministerio Público señala al exalcalde de fraude, abuso de autoridad y falsedad ideológica; junto a Mencho también son señalados Manuel de Jesús Vásquez, exsecretario municipal y Juan Barrios, representante de la constructora que supuestamente hizo la obra.
Los tres sindicados fueron citados este martes para su audiencia de primera declaración, pero no acudieron; en el caso de Vásquez se presentó un certificado médico en el que consta que padecía de fiebre y Barrios aseguró estar fuera del país.
En el caso del exalcalde, se desconoce si fue informado correctamente, respecto de la audiencia. Marvin Coyoy, del Juzgado B de primera Instancia Penal de Xela, fijó el próximo 24 de febrero para conocer si las justificaciones de los sindicados son válidas o se debe girar su orden de captura.
