Alrededor de las ocho de la mañana, personal de la PNC y del Ministerio Público (MP) se presentaron a la finca San Francisco Miramar, en el km 211 de la CA-2, Colomba, Quetzaltenango, para desalojar a unas cien familias de Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos, que desde hace dos meses invadían ese terreno.
De acuerdo con algunas personas consultadas, quienes lideran el movimiento de invasión cobran de Q100 a Q1 mil al año por persona por ocupar un terreno de cuatro metros cuadrados. Según campesinos, son 1200 familias las que se instalaron en champas en el interior de la finca.
En las champas, las familias tienen leña, agua en bolsas y ropa. Además, invadieron los terrenos en ambos lados de la ruta al occidente e instalaron letrinas.
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El juez de paz que tiene a cargo el desalojo indicó a los invasores que a las 12:30 horas deben salir del terreno de forma pacífica, o de lo contrario se utilizará la fuerza pública.
Según los invasores, interpusieron un amparo que está en proceso ya que consideran que el terreno es estatal y que “tienen derecho a trabajar la tierra, a la falta de empleo”. Sin embargo, después del mediodía decidieron salir de los terrenos, de forma pacífica.
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Carlos Muñoz, líder campesino, había comentado en la mañana que si los sacaban de la finca permanecerían a la orilla de la carretera, porque están dispuestos “a seguir luchando por terrenos que pertenecen al pueblo”.
La PNC desplegó al menos 500 agentes para que desalojaran a las familias, si era necesario; los policías solo están armados con bastones y no portan armas de fuego.
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