En la mayoría de comunidades donde se extrae ese material, que se utiliza principalmente para fabricar block para la construcción, la población evita dar información sobre las extractoras, ya que estas generan fuentes de trabajo.
No obstante, vecinos de la comunidad Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa, expresaron su malestar, y señalaron que las autoridades no accionan en contra del dueño de un terreno donde se extrae ese material.
Los inconformes añadieron que temen que colapse el túnel y dañe cultivos y, además, al medioambiente.
El líder comunitario Santos Pérez expresó: “La extracción sigue igual pese a que se denunció el peligro”.
Se trató de conocer la versión del alcalde Mariano Sánchez, pero no respondió su teléfono celular.
En la comunidad Tupox, de ese municipio, ocho personas murieron cuando extraían pómez, cuando ocurrió del terremoto del 7 de noviembre del 2012.
Pobladores de San Juan Ostuncalco también denunciaron que en el lugar existen al menos tres áreas de extracción, y que los camiones que transportan el material dañan el camino de terracería.
El vecino Mauricio Gómez manifestó: “Pusimos la queja en la comuna, pero no han hecho nada”.
Un poblador de la comunidad La Esperancita indicó que algunos extractores no son dueños de los terrenos y utilizan áreas municipales o del Estado.
Según el alcalde Arturo Alonzo, en ese municipio hay 20 extractoras, de las cuales tres son ilegales. Añadió que la comuna no puede actuar, ya que esta no es tomada en cuenta cuando se otorga una licencia.
En Xelajú también se encuentran extractoras que causan malestar a algunos vecinos, debido al daño en el suelo y el polvo que generan.
“Cuando introducen maquinaria para sacar pómez, la tierra tiembla, y tememos que se dañen las casas”, afirmó Berta Marín, residente del cantón Chichigüitán.
El alcalde Jorge Barrientos expresó que las extractoras están en propiedad privada, y que si operan es porque tienen permiso, de lo contrario, debe haber supervisión, ya que la comuna no puede actuar.
Añadió que han recibido quejas de vecinos, las cuales han remitido a las autoridades del Ministerio de Ambiente.
Alta demanda
Raúl Juárez, dueño de una extractora en San Miguel Siguilá, aseguró que lleva 20 años de extraer pómez, debido a la demanda del material.
El jefe edil Mario Escobar señaló que la administración de la extracción debe estar a cargo de la comuna, y no de otras instituciones, ya que el municipio deja de percibir ingresos.
Macario Hernández, vecino de Palestina de Los Altos, donde también se extrae ese material, indicó que debería ser regulado el horario en que los camiones transportan el material, ya que generan atascos.
Prensa Libre trató de conocer la versión del jefe edil Willmin Morales, pero no atendió la llamada.
El ambientalista Sergio Montes manifestó: “No solo se debe autorizar la extracción, sino que se debe hacer un estudio sobre las secuelas”.
Gustavo Lang, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, expuso que algunas comunas extienden licencias para explotación artesanal; sin embargo, en algunos casos se usa maquinaria industrial.
Ambiente
No existe registro
Gerardín Díaz, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dijo que no hay registro de la cantidad de extractoras de pómez en ese departamento. Añadió que algunas son legales y otras no.
Agregó que investigan la denuncia de la comunidad Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa.
Resaltó que uno de los problemas es que las comunas autorizan la extracción de pómez y arena de río sin tomar en cuenta a dicho ministerio; sin embargo, alcaldes consultados niegan tener injerencia.
David Samuel Estacuy, director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en Quetzaltenango, expuso que pueden actuar si la extractora está en un área protegida, de lo contrario dicha actividad la debe regular el Ministerio.
DATO
8 personas murieron soterradas en el 2012 en la comunidad Tupox.
