De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios habrían transferido en el 2012, Q6 millones 197 mil 436.98 de las cuentas de inversión a las de funcionamiento, fondos que, según la investigación, fueron devueltos a su cuenta de origen hasta en el 2015 y no en el mismo año fiscal.
Los sindicados se encuentran en libertad, porque son señalados de faltas, por lo que no ameritan prisión.
El hallazgo de la transferencia se dio por medio de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que es parte del proceso como querellante adhesivo.
La audiencia efectuada este domingo había sido reprogramada en cuatro ocasiones. Esta vez los sindicados acudieron y escucharon los señalamientos del Ministerio Público (MP), así como los argumentos de la CGC y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Al concluir la intervención de los representantes de las instituciones, el juez Villatoro preguntó a los sindicados si iban a declarar, todos los señalados respondieron “no voy a declarar, pero quiero indicar que no acepto los hechos”.
Ante la postura de los sindicados el juzgador explicó que, de acuerdo al procedimiento, debía fijar una fecha para el juicio, la cual después de ponerse de acuerdo los abogados de las partes y los sindicados se programó para el 25 de agosto.
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que en este caso cuentan con documentos que comprueban que los sindicados eran parte del Concejo cuando se ocurrió el hecho, también con la auditoría de la CGC hecha en el 2012, la cual expone los movimientos financieros.
“Toda vez que los sindicados no se declararon culpables, la ley establece que cuando no reconozca su culpabilidad el juez convocará a las partes para el juicio oral”, indicó Villatoro, de acuerdo con las normas del país para este juicio se tiene un plazo de tres días, pero en este caso las partes renunciaron al plazo.
De acuerdo con la Fiscalía y la PGN, el concejo no podía transferir los fondos de inversión en cualquier momento y sin seguir el procedimiento adecuado, y de hacerlo tenía que utilizarlos y devolverlos en el mismo año fiscal, de acuerdo con la acusación, la devolución ocurrió tres años después.
En el proceso, la Fiscalía señala al exalcalde Jorge Barrientos, y a los demás exintegrantes del concejo Jorge Hoffens, Carlos Pereira, Carlos Illescas, Carlos Prado, Maximiliano de León, Magali López, Aníbal Gramajo, Rudy Juárez, Rolando Morales, Juan Carlos Morales, Hamilton Pérez y Jorge Rodríguez, así como a la exdirectora de administración financiera, Amalia López.
El caso se conoce en el Juzgado de Paz porque los hechos se cometerían antes de las reformas al Código Penal, por lo que se trata de un delito menor, cuya sanción es de una multa.
El artículo 489 del Código Procesal Penal establece: “Cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante y recibirá las pruebas pertinentes. En la audiencia oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva dentro del acta, absolviendo o condenando”.
El exconcejo de Xela
Jorge Barrientos (exalcalde)
Jorge Hoffens (exsindico I)
Carlos Pereira (exsindico II)
Carlos Illescas (exsindico III)
Carlos Prado (exconcejal I)
Maximiliano de León (exconcejal II)
Soledad López (exconcejal III)
Aníbal Gramajo (exconcejal IV)
Rudy Juárez (exconcejal V)
Rolando Morales (exconcejal VI)
Juan Carlos Morales (exconcejal VII)
Marco Antonio Quijivix (exconcejal VIII)
Hamilton Pérez (exconcejal IX)
Jorge Rodríguez (exconcejal X)
Dora Pac (exconcejal suplente)
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