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La Fiscalía argumentaba que los señalados habrían hecho fraude en más de 100 contratos para obras municipales, de acuerdo con la acusación, los constructores a cargo de los proyectos entregarían ciertas coimas a los exfuncionarios, según la investigación estas sumarian más de Q20 millones.
Pero el juez determinó que no existen indicios suficientes para que el proceso continúe, de esta forma se libraron el exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos, la exgobernadora María Elisa López Ixtabalán, el exsíndico Carlos Pereira, los exconcejales Carlos Illescas, Carlos Prado y Maximiliano de León. Además, de los empresarios Cástulo Domingo Cayax, Celso Sarceño González, Luis Menchú Maldonado, Marvin Rodas López, Werner Gudiel Domínguez, Willy Vásquez y Julio Cesar Tzaj Huinac.
La fiscalía pedía que Barrientos fuera enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, fraude en forma continuada, abuso de autoridad, malversación, lavado de dinero y cohecho pasivo, en situación similar se encontraban los otros exfuncionarios. En el caso de los constructores los señalamientos fueron por casos especiales de estafa y asociación ilícita.
La felicidad de los abogados, así como de los involucrados en el proceso, fue evidente, al concluir la audiencia se abrazaron y sonrieron, mientras el personal del MP salió de la sala con las 16 cajas que contenían los cientos de indicios del proceso, elementos con los que la fiscalía pretendía lograr que los implicados fueron enviados a juicio, lo cual fue denegado por el juez.
Los argumentos del juez en el caso de corrupción de la Municipalidad de Quetzaltenango
- Señaló que el actuar de la fiscalía fue un “copiar y pegar para todo”, aseguró que utilizó los mismos hechos para todos los delitos. “Se establece al juez la obligación de no validar que una sola acción sea sancionable por varios tipos penales, sin embargo, se intentó probar poniendo un catalogo enorme de delitos para cada uno, para ver cuál pegaba, así hablando muy coloquialmente”.
- De acuerdo con el juzgador, en varios delitos como el cohecho pasivo y activo, la fiscalía no aportó más indicios que la declaración del colaborador eficaz, Jorge Palomo Lepe. A criterio de Escalante la fiscalía debía presentar cheques o algún otro elemento de convicción de lo sucedido.
- En el caso de la asociación ilícita, el juez cuestionó a la fiscalía y aseguró que carecía de elementos sobre la existencia de una estructura ilegal. “No hay una estructura vertical, ni horizontal, no se utilizaron mecanismos especiales de investigación”.
- En varias ocasiones el togado afirmó que no existían hallazgos de la Contraloría General de cuentas (CGC) sobre los hechos presentados por la fiscalía. “Se dice que se alteró la calidad de las obras, que hubo sobrevaloración, pero dónde está acreditado todo eso, dónde hay elementos de convicción de todo esto, caemos al mismo punto, al principio de especialidad de ley, el organismo administrativo contralor debió haber hecho la investigación, encontrar hallazgos y presentar la denuncia”.
- El juez recalcó que la defensa probó que los sindicados tenían negocios e ingresos de trabajos que les permitían tener dinero, incluso, informó que en el caso de uno de los sindicados por medio de un estudio se evidenció que su perfil económico, previo a ser funcionario, era de una capacidad económica que superaba las 10 cifras.
- El juez también consideró que en la acusación de la fiscalía hubo una vulneración al derecho que tiene todo imputado de ser instruido de cargos, “puesto en conocimiento”, incluso antes de iniciar el proceso. “No se dio, al existir ausencia de relación expresa de hechos, la misma no resulta clara en fechas, eventos y las cantidades no cuadran, se utilizan términos como aproximadamente y se dice que personas son dueños de empresas de los cuales no corresponden. Esto me lleva a afirmar que no se logra apreciar la relación de causalidad exigida por disposición legal en el artículo 10 del Código Penal”, afirmó.
- Según el juez, se trató de perseguir acciones que “ya han prescrito”, relativo al delito de fraude.
- Otra de las argumentaciones del juzgador fue que “sorpresivamente” en la audiencia de etapa intermedia se modificaron los hechos intimados sin que precediera una reforma al auto de procesamiento. “Dejando claro que no se trata del cambio de una simple palabra, frase o nombre, sino de agregar eventos completos, se quitan párrafos y se agregan, vulnerándose garantías”, dijo Escalante.
- También aseguró que se realizó una investigación violentando garantías constitucionales, “respecto a dos personas que gozaban del derecho de antejuicio”.
- Para el juzgador no existió argumentación alguna por parte de la fiscalía, porque la participación fue limitada a leer el escrito de acusación sin reparar si el texto era correcto. “Se limitó en demasía el conocimiento sin indicarse la utilidad de 1mil 432 elementos de convicción o cómo sustentan la acusación”.
- De acuerdo con el juez, los hechos acusados no ocurrieron. “Quedando claro que no es valor probatorio por no ser esta la fase procesal, permiten al juzgador inferir que la acusación describe hechos que se intentaron adaptar a tipos penales, pero las acciones desplegadas por los supuestos acusados distan de lo que el verbo rector de cada tipo penal exige para ser sancionables”, aseguró.
#JusticiaXela l Esto dijo el Juez Hugo Escalante, del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, quien resolvió sobreseimiento en el caso de corrupción de la Municipalidad de Quetzaltenango, el proceso no continuará. pic.twitter.com/PZRkCjtVao
— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 30, 2020
Previo a concluir su resolución, el juez ordenó el cierre definitivo del proceso y el cese inmediato de toda medida de coerción.
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) apelará la resolución.
La vocera también informó que la Unidad de Extinción de Dominio del MP tiene una investigación en curso relacionada con el caso. “Por estar en desarrollo las diligencias, no se pueden dar más detalles, por el momento”, precisó.
Qué dijo “Mito” Barrientos
El exalcalde, que dirigió el municipio por 12 años, aseguró que no regresaría a la política y que por ahora se encarga de convivir con sus nietos y ser catedrático de la universidad, además afirmó que a causa del proceso su familia sufrió.
Al consultarle ¿Tiene usted la conciencia tranquila?, respondió “tengo la conciencia tranquila, en todo momento se trabajó y se puso el mejor de los esfuerzos, se hicieron 1 mil 93 proyectos”.
#JusticiaXela l Estas fueron las palabras de Jorge Barrientos, exalcalde de Xela, quien quedó libre del proceso por corrupción que tenía en su contra. pic.twitter.com/78jkxdWDfu
— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 30, 2020
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