Miriam Castillo, jueza a cargo del proceso, al resolver su sentencia resaltó las falencias del Ministerio Público (MP) para comprobar que el sindicado era culpable del delito de consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas, durante horas de trabajo.
Castillo hizo énfasis en que la fiscalía no aportó ningún medio valioso para poner en crisis el principio de inocencia del señalado.
La jueza apuntó que su resolución se debe a la falta de plena prueba de la acusación sobre Pérez, la cual no aportó el MP; incluso, hizo ver que se contó con un informe inicial del médico que evaluó al acusado, pero ese médico jamás fue presentado ante el tribunal como prueba.
Castillo dejó sin valor el testimonio de dos agentes de la Inspectoría de la PNC, quienes detuvieron a Pérez, debido a que ellos no lo vieron bebiendo, sino se limitaron a declarar que al hablar con él se le sentía aliento a licor.
La fiscalía acusó al subcomisario de haber ingerido bebidas alcohólicas dentro de la cantina El Albur, zona 3 de Xelajú, la noche del 5 de octubre último; estaba de servicio, portaba el arma y el uniforme de la institución.
De acuerdo con las investigaciones, agentes de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) recibieron una llamada telefónica donde se denunciaba que afuera de la cantina estaba una patrulla y dentro del negocio los policías que ingerían bebidas alcohólicas.
En ese momento los investigadores de la ORP llegaron al lugar indicado, verificaron el interior y consignaron al subcomisario, porque era el único que presentaba halitosis alcohólica.
