Lilian Wug Maldonado, directora de la Asociación Nuevo Horizontes, señaló que los casos de violencia sexual han aumentado en comparación del año pasado, ya que hay más conciencia en las madres de las víctimas para denunciar.
Explicó que en el 2016 atendieron a 196 adolescentes con problemas de violencia sexual y embarazos no deseados, pero este dato podría cambiar radicalmente este año.
“Se han atendido casos de Coatepeque y San Juan Ostuncalco, en este departamento. También hay casos de Escuintla y Suchitepéquez, lamentablemente las víctimas son de entre 9 y 16 años que han sufrido violencia psicológica, sexual, física y hasta económica, porque el victimario les da dinero o regalos para que no diga nada y eso es violencia porque las coaccionan”, detalló.
Wug Maldonado comentó que el perfil del victimario sigue mostrando relación de poder sobre las niñas y adolescentes; en la mayoría de los casos son los mismos padres o algún familiar.
“El victimario es una persona que intimida, que no deja hablar, que siempre está decidiendo por ellos. Lastimosamente los casos que más impactan y son mayoría, es cuando los padres son los agresores, se supone que el padre va a dar seguridad, que no dañaría a sus hijos. Siempre dicen que es en la calle donde se da la violación, pero no, el hogar es el escenario de más peligro”, dijo.
La Asociación Nuevos Horizontes que trabaja junto a la Procuraduría General de la Nación, juzgado de Familia, de la Niñez y Adolescencia, firmó un convenio con la Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés), que aplicarán el modelo de atención de casos.
Ese modelo consiste en la atención diferenciada para que los adolescentes, y en especial los niños, tengan atención que les permita restituir su proyecto de vida luego de haber sido víctimas.
Bradley Cutis Twedt, director de la IJM, explicó que la violencia sexual ha sido una plaga en el país y en el departamento de Guatemala ha sido limitado el trabajo, por ello decidieron apoyar a otras organizaciones que están en la misma lucha.
“El convenio tiene una vigencia de seis meses prorrogables y el apoyo será técnico a través de abogados, quienes compartirán buenas prácticas que han creado en IJM. Quetzaltenango es el primer departamento con esta alianza, la cual se podría implementar en Cobán y Escuintla”, refirió.
La IJM aportará US$3 mil mensuales para el apoyo, la contratación de abogados y los gastos que se incurre en los procesos legales y de restauración.
“Nuestro sueño y nuestro anhelo es apoyar a otras organizaciones que están luchando con este problema, que están haciendo un buen trabajo para representar y defender a niñas, niños, adolescentes violadas o en riesgo, es una buena oportunidad de apoyar a alguien que está en la misma lucha”, puntualizó.
