La medida fue tomada por las autoridades educativas luego de que se supiera que los pobladores, que el viernes último fueron desalojados del km 216.5 de la ruta al Suroccidente, supuestamente tomarían edificios públicos como una medida de presión, para que el servicio fuera restablecido en sus comunidades.
Yomar Flores, supervisor educativo de Coatepeque, dijo que la suspensión de clases aplica para establecimientos del área rural y urbana que estén cerca de la zona de conflicto, pues lo que se pretende es proteger a los estudiantes.
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“La decisión se tomó para proteger a los niños y maestros, ya que, aunque en el lugar hay fuerzas de seguridad, persiste la tensión. Se fugó información de que hoy se tomarían edificios públicos o se realizarían actos vandálicos por parte de los inconformes, entonces los padres temían enviar a sus hijos a la escuela, porque los gases lacrimógenos del viernes perjudicaron a padres y estudiantes”, dijo Flores.
Flores agregó que también se supo que los manifestantes tomarían de rehenes a empleados públicos, para canjearlos por las personas que fueron detenidas el viernes último durante los enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Agregó que, ante esos rumores, las fuerzas de seguridad se situaron en puntos vulnerables.
Origen del problema
El conflicto empezó, luego que la empresa Energuate suspendiera el servicio de energía en varias comunidades, donde muchas familias tienen conexiones ilegales y no pagan las facturas correspondientes, por lo que decidieron bloquear la ruta durante más de dos días.
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En Coatepeque, el servicio fue suspendido en siete comunidades, donde no permiten los trabajos de la empresa y adeudan unos Q20 millones, por incumplimiento de pago de hasta ocho años.
El jueves último, Maynor Amézquita, portavoz de Energuate, dijo: “Lamentables las medidas de hecho por la afectación de la economía en general del país y la locomoción de las poblaciones aledañas. La intención de Energuate es normalizar las conexiones directas que impiden la prestación de un mejor servicio en las comunidades”.
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Amézquita añadió que, por la manipulación del tendido eléctrico, hecho por personas ajenas a la empresa el 20 de junio, se dejó sin energía a otras nueve comunidades (Nuevo Chautuj, Los Cerros, El Pital, El Refugio, San Agustín Pacayá, El Socorro, Los Encuentros, Las Brisas y Los Laureles, donde viven unos dos mil 300 clientes.
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