De acuerdo con la fiscalía, durante la administración de Barrientos se habrían defraudado al menos 135 contratos de la municipalidad de Xela por unos Q73 millones, los cuales serían entregados a cambio de coimas a la empresa del constructor Jorge Palomo o de otros empresarios que habrían colaborado con la supuesta red criminal.
La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) señala que los sindicados habrían obtenido más de Q20 millones en comisiones irregulares por la adjudicación de los proyectos.
Por este caso también están ligados a proceso la exdiputada al Parlacén y ex gobernadora de Quetzaltenango María Elisa López Ixtabalán, así como los exintegrantes del Concejo Carlos Prado, Carlos Illescas, Carlos Pereira y Maximiliano de León.
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En su resolución la jueza indicó que se accedía a la ampliación tomando en cuenta el estado actual que guardan los sindicados. Hasta ahora todos los ligados a proceso han recobrado su libertad, tienen un arresto domiciliario ya que pagaron una fianza, en el caso de los constructores señalados por el Ministerio Público (MP) fue de Q75 mil y en el de los exfuncionarios de Q1 millón.
Abogados defensores no se opusieron a la petición de la ampliación del plazo, de acuerdo con Francisco Cotton, defensor de Barrientos, también iban a solicitar la ampliación del plazo de investigación ya que consideran que hay testimonios y otras diligencias así como peritajes pendientes y necesarios para esclarecer el proceso.
En diciembre de 2018, Barrientos y los otros implicados quedaron ligados a proceso, la audiencia para conocer si hay indicios suficientes para que los procesados enfrenten un juicio estaba programada para abril de este año, pero ahora será el 8 de julio próximo.
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