De los ocho antejuicios que han ingresado en la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Penal de Quetzaltenango, tres han sido declarados sin lugar, por lo cual Grijalva no perdió la inmunidad. Tenían que ver con señalamientos por incendios en el botadero municipal, negación de información pública y la denuncia de una trabajadora municipal, quien ya no la ratificó.
No obstante, los restantes cinco están pendientes de resolverse y tres son por denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Uno de los señalamientos se debe al resguardo supuestamente inadecuado de transformadores de energía eléctrica en bodegas municipales, otro por la construcción de pozos privados sin contar con los dictámenes que requiere la ley y el restante por presuntas modificaciones de los procesos en la auditoría interna municipal.
Los otros dos antejuicios tienen que ver con la acusación de un vecino de Xecaracoj que afirma ser el propietario de un terreno que se tenía previsto para un proyecto municipal y el otro promovido por los concejales de oposición por la deuda que mantiene la Empresa Eléctrica Municipal con el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), por el cual el jueves pasado acudió al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango.
Justicia lenta
El constitucionalista Allan Estrada explica que el antejuicio es una garantía que tienen los funcionarios electos por el pueblo.
Estrada añadió que la población generalmente demanda que los procesos de justicia sean más rápidos, pero que con el antejuicio pueden tardarse hasta seis meses determinar si un funcionario debe enfrentar proceso como cualquier ciudadano.
Eso sin tomar en cuenta que los señalados pueden utilizar recursos como el amparo para retrasar el proceso. “El pueblo piensa que no es igual el trato, y en efecto así es, porque una persona puede ser procesada en cuestión de horas o días, pero el antejuicio tarda a veces hasta seis meses”.
Grijalva expuso que esos antejuicios se traducen en días para preparar su defensa y también en horas que empleados municipales utilizan para reunir la papelería.
“Yo creo que es un tema más que todo político, en el que no se permite que se pueda trabajar como se quisiera”, indicó el funcionario.
Tribunales
Grijalva llegó el jueves último al Tribunal Primero de Sentencia Penal acompañado de su abogado y un asesor jurídico para declarar y presentar documentos por el antejuicio que se sigue en su contra por supuestas reuniones secretas que habría sostenido con personeros del Inde, en donde se ha abordado la deuda que mantiene con esa institución la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango. El jefe edil afirma que la problemática se ha conocido en las reuniones del Concejo.
Según los concejales denunciantes, el alcalde no les dio detalles de los procesos legales que la comuna perdió. Los magistrados resolverán hasta el próximo año.
