Demesio López, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de La Grandeza, indicó que el juez pesquisidor citó para el próximo 5 de febrero a un grupo de vecinos de diferentes comunidades del municipio para que ratifiquen, amplíen y corroboren los medios de prueba que fueron presentadas en el Ministerio Público (MP) el 11 de agosto del 2017.
“El juez pesquisidor Moisés Emilio de León Díaz nos citó para la audiencia del 5 de febrero y estamos dispuestos a llegar y ratificar la denuncia, pues contamos con las pruebas necesarias”, expresó.
Comentó que su postura es que se investigue y esclarezca el proceso de acuerdo con los documentos que presentaron al inicio del proceso, cuando se identificaron anomalías.
“Esperamos que la justicia se cumpla, pues nuestro objetivo es que los recursos se administren de la mejor manera y en beneficio de la población”, detalló.
Dorotea García, vecina de Cabricán, dijo que denunciaron al jefe edil porque hay dudas sobre algunas obras sobrevaloradas y otras fantasmas, además de costosos pagos de proyectos que no lo ameritaban.
Manifestó que la denuncia es consdierada como parte de la fiscalización social y no tiene ningún tinte político, como lo quiere hacer ver el jefe edil.
“Cómo es posible que el alcalde haya pagado por balastro de una calle si la misma está adoquinada”, añadió.
Otro vecino manifestó: “El alcalde pagó Q165 mil a una empresa por dos obras en La Grandeza, pero jamás vimos que tipo de trabajo se hizo y eso nos genera dudas”.
Indicó que el MP solicitó un antejuicio en la Sala Quinta de Apelaciones y estos nombraron al juez pesquisidor que, ahora ha citado a las partes para que brinden información sobre la denuncia.
Se trató de conocer la postura del alcalde, pero fue imposible, pues no respondió las llamadas telefónicas, ni se encontraba en su despacho.
Inmunidad
El 27 de julio del 2017, el alcalde Jayro López perdió la inmunidad, luego que Magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango resolvieran que los documentos y declaraciones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) son suficientes para que el jefe edil sea investigado por el MP, por varias deficiencias en el tratamiento de desechos en el basurero local.
