Sin embargo, el comunicado señala de un segundo incidente, registrado el 6 de junio del mismo año, en el que la referida empresa no se pronunció con respecto al evento, el cual causó la muerte de miles de peces, y cientos de pobladores resultaron afectados por la contaminación.
Con esos antecedentes, la jueza Hernández, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Benito, resolvió investigar el caso y suspender operaciones en la referida empresa por un periodo de seis meses, lo que habría provocado varias acciones en su contra.
Según el comunicado de la CIJ, abogados vinculados a la empresa Repsa presentaron un antejuicio contra la jueza, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia; posteriormente, el 6 de octubre del 2015, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Poptún recibió una demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles, que señala a Hernández de haberse extralimitado de sus funciones.
Añade que ese tipo de acciones atentan contra la independencia judicial, en tanto buscan evitar que la jueza Hernández conozca el caso, quien además ha recibido amenazas sin que el Estado de Guatemala le brinde protección.
“Urgimos a las autoridades del sistema de Justicia a tomar medidas adecuadas para evitar que las y los jueces independientes resulten afectados por este tipo de intimidaciones”, aseguró en el comunicado Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica.
José Quesada, abogado de Repsa, indicó que dudan de la imparcialidad de la jueza en mención, ya que en una página de Facebook aparece junto a un ambientalista.
Añadió que la jueza Hernández ha cometido varias ilegalidades en contra de Repsa en el proceso que se lleva por la contaminación del río La Pasión.
Agregó que la CIJ no es más que una asociación de activistas que apoya a la referida juzgadora que no ha sido imparcial.
