“Tengo cuatro hijos y esos hijos míos van a sufrir la consecuencia [por la minería]. De mí depende el futuro de esos hijos míos”, menciona este pescador artesanal.
Aunque firme en sus palabras, Cristóbal también habla con cierto temor pues el poblado de unos 100 mil habitantes se encuentra bajo estado de sitio desde el domingo, un día después de que policías desalojaran por la fuerza una protesta contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
La policía despejó con gases lacrimógenos la carretera de ingreso al municipio que el grupo mantuvo cortada por casi tres semanas para evitar el paso de camiones hacia la mina, en la que no se puede continuar la actividad extractiva por un fallo judicial.
El enfrentamiento dejó cuatro policías heridos de bala. El gobierno suprimió por 30 días el derecho de manifestación, estableció un toque de queda nocturno y desplegó a más de un millar de policías y soldados que patrullan las calles del pueblo armados con fusiles, además de realizar cacheos.
El estado de sitio ha sido considerado por los activistas como una intimidación y criminalización de su lucha.
“Nos trae muerte”
Pop apoya sus manos en una vetusta mesa de madera y recuerda que en su adolescencia los peces abundaban en el lago de Izabal, en cuya costa se levanta El Estor, pero éstos, asegura, se han reducido por los deshechos que se arrojan desde la mina, activa desde 2014.
“Para mí es una empresa que a la larga nos trae muerte”, considera Pop.
Acusa a la minera de generar contaminación por la planta procesadora que funciona cerca de la orilla del lago y poner en riesgo los nacimientos de agua de la zona. “Nosotros dependemos de las fuentes de agua que están allí”, agrega.
Pop cuenta que uno de los puntos más conflictivos en este enfrentamiento ocurrió en mayo de 2017, cuando una extensa mancha roja apareció en el lago y los pescadores acusaron a la empresa de provocarla. En esas jornadas de protesta murió de un balazo su compañero Carlos Maaz, por causas que no se han esclarecido, y él terminó en prisión.
En la última manifestación, los opositores reclamaban que CGN seguía operando a pesar de que el máximo tribunal del país le ordenó el año pasado suspender operaciones. La corte dio la razón a la demanda de los indígenas en la que pedían detener la explotación al no haberse realizado una consulta previa entre la comunidad para conceder la licencia.
El gobierno, ahora, debe realizar la consulta comunitaria, pero los manifestantes señalaron que han sido excluidos del proceso.
Más allá de las quejas, hay habitantes que le abren los brazos a la minera.
“La empresa no está haciendo nada mal al municipio, más bien desarrollo”, apunta por su lado Abelardo Xol, un profesor que apoya la mina porque ha dado “trabajo” y mejorado la economía local.
No hay razón” para cerrar
Cerca del camino que estuvo bloqueado, Abelino Chub, otro líder comunitario, lamenta que la minería cause división entre los pobladores.
“Vemos un pueblo muy dividido. Lamentablemente el otro grupo que le llaman ‘prominero’ solo ve que hay dinero ahora (…), pero no ve el nivel de daño que está generando esta empresa”, apunta.
Mientras que a unos 6 km del pueblo, en la sede de la empresa, el presidente de la minera, Dmitry Kudryakov, dice que las acusaciones de contaminación son “especulaciones” de un “pequeño grupo” opositor que, considera, no es representativo de El Estor.
En entrevista con la AFP, el empresario ruso asegura que la mina cumple con regulaciones internacionales de cuidado ambiental y puso como ejemplo una reserva forestal de la empresa en la que cada año se reproduce el cocodrilo americano.
La polémica mancha roja de 2017, agrega, fue producto de “bacterias” a consecuencia de contaminación por aguas residuales y fertilizantes en el río Polochic, que desemboca en el lago.
Kudryakov señala que la sentencia judicial que ordenó la detención de sus operaciones está relacionada con la licencia “Fénix”, cuya actividad, vinculada a la extracción de material de una ladera de la montaña, se detuvo en febrero pasado al ser notificados.
Sin embargo, dice, pueden seguir operando la planta que pertenece a la firma hermana PRONICO que procesa ferroníquel (aleación de hierro y níquel) con material de otra explotación minera en el poblado cercano de Los Amates.
“El cierre de nuestras operaciones ni siquiera está en la agenda, porque no hay una razón para eso”, sentencia Kudryakov.
