El desempleo también obliga a muchos a viajar de manera ilegal a EE. UU., en busca del denominado sueño americano.
Gabriel Miranda, de 20 años, vecino de Huehuetenango, refirió que cuando tenía 18 se graduó de diseñador gráfico, pero no ha logrado conseguir trabajo en su profesión. Al igual que sucede con cientos de jóvenes, Miranda mantiene la ilusión de viajar a México o EE. UU. en busca de mejores oportunidades.
“Aquí uno no encuentra cómo desarrollarse, y para colmo vemos cómo funcionarios se roban los fondos públicos. Es frustrante”, indicó.
La migración ha sido siempre una opción para los desempleados, en especial en departamentos fronterizos como Huehuetenango y San Marcos, donde la falta de trabajo empuja a la población a buscar ocupaciones en granjas pecuarias, fincas agrícolas y empresas de comercios y servicios de México.
Saúl Quiñónez, huehueteco y propietario de un taller de mecánica en EE. UU., indicó que encontrar una oportunidad de trabajo en Guatemala es difícil, y que por eso decidió migrar hacia ese país del norte, donde da empleo a dos personas.
Expertos aseguran que la falta de oportunidades de trabajo también genera migración interna. Allan Figueroa, de la delegación del Ministerio de Trabajo (Mintrab) en Chimaltenango, indicó que en ese departamento un buen número de vecinos opta por irse a la capital o Sacatepéquez en busca de empleo, mientras que la población campesina viaja a fincas de la costa sur.
Otra opción que han encontrado miles de personas desempleadas es la comercialización de productos mexicanos, en especial mercadería de contrabando, una práctica común en Malacatán y Tecún Umán, San Marcos; La Mesilla, Huehuetenango; y Coatepeque, Quetzaltenango, según autoridades.
Demanda laboral
Julio Rodríguez, del Mintrab, expuso que la demanda de empleo es alta, mientras que la oferta es mínima en Huehuetenango, segundo departamento más poblado del país, después de Guatemala.
“La PEA es de 700 mil 906, pero el mercado laboral —formal e informal— solo absorbe al 69.5 por ciento”, indicó Rodríguez.
Un programa que implementa el Mintrab para ayudar a los desempleados es generar un banco de datos sobre estos y de una red de empresas para facilitar la contratación de personas.
Solo en Escuintla cada año se gradúan, en promedio, nueve mil jóvenes del nivel diversificado, de los que la mayoría busca integrarse al mercado laboral para pagar la universidad o satisfacer sus necesidades básicas; sin embargo, Luis Carlos González, de la oficina de Gestión de Empleo del Mintrab en ese departamento, indicó que solo 340 personas han solicitado trabajo en lo que va del año.
Se considera que en todo el país cada año 160 mil personas se integran a la fuerza laboral, entre estos unos 110 mil son recién graduados. “Hay escasas oportunidades porque hay pocas empresas”, señaló Óscar Jiménez, poblador de Escuintla.
La vecina Juana Mejía considera que la falta de trabajo incrementa la delincuencia y violencia en ese departamento, por lo que espera que el Gobierno revise sus políticas en esa materia.
En Jalapa, la tasa de desempleo es alta, a pesar de que la mayoría de sus 355 mil 566 habitantes dependen de la agricultura, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el más reciente censo poblacional, del 2002, se determinó que en Jalapa el 61% de la población es inactiva y no cuenta con un trabajo formal, por lo que expertos consideran que a la fecha las cosas no han cambiado de forma positiva; sin embargo, no fue posible establecer datos actuales debido a que Manuel Vásquez, del Mintrab, se negó a proporcionar información.
Sistema funcional
Recientemente, Carlos González, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, señaló: “El sistema económico no es capaz de generar suficientes fuentes de trabajo que le den la oportunidad a los jóvenes que buscan integrarse a la vida laboral”.
Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló dos causas de la falta de empleo formal en la provincia: un anticuado marco jurídico laboral, y la falta de centros urbanos en los departamentos.
Maúl detalló que las leyes laborales no contemplan jornadas menores de ocho horas, lo que permitiría emplear, por ejemplo, a estudiantes y mujeres con responsabilidades de estudio y de familia.
Recordó que empresarios, alcaldes y pobladores de varios municipios buscaron promover el salario diferenciado en el 2014, pero el proyecto quedó detenido en la Corte de Constitucionalidad, luego de que sindicalistas y la Procuraduría de Derechos Humanos se opusieron.
En cuanto a centros urbanos en la provincia, Maúl señaló que los empresarios no se instalan en los departamentos porque carecen de las facilidades que ofrece el distrito metropolitano, por ejemplo: el acceso a servicios —electricidad, agua, infraestructura vial, oficinas y bodegas—, mano de obra calificada y cobertura estatal —seguridad y oficinas de entidades públicas—.
“Se debe impulsar la creación de más centros urbanos, pero eso es un trabajo integral”, indicó Maúl.
