El proceso de diálogo, en el que intervino la autoridad del municipio, después de unas dos horas de diálogo acordaron firmar un acta en la cual se comprometen a que los agentes de la PNC no continúen su viaje al municipio que fueron asignados.
En Barrillas, desde octubre de 2013 no tiene sede policial y cuyo tema divide a sus habitantes, pues mientras unos piden que se restablezca la subestación, otros se oponen.
Según Vayron Herrera, delegado departamental de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, informó que mantuvo contacto telefónico con los líderes de grupo opositor, lo que facilitó que se permitiera la salida de los agentes policiales del lugar.
Herrera dijo que en la Mesa de Análisis se habló de posibles problemas durante la Consulta Popular, pues se tiene identificada la zona norte como una parte propensa a conflictos sociales por la ausencia de juzgados y de la policía en Barillas, San Mateo y Santa Eulalia.
El Subcomisario Mario Ramírez, jefe de operaciones en Huehuetenango, lamentó las acciones de los pobladores, pues esto no les permitió llegar a Barillas, donde los elementos policiales prestarían seguridad estrictamente con motivo de las votaciones.
“Lamento no poder llegar a Barrillas porque no tenemos otro camino para llegar”, dijo. Agregó que esperan que se desarrollen en tranquilidad las votaciones, pues no se trata de una actividad de agrupaciones políticas.
Ilegal
Ambrosio Santizo, representantes de la Organización 13 Democracia de San Mateo Ixtatán, lamentó que un grupo de personas que se hacen llamar miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario del lugar interceptaron el paso de los agentes, a quienes se les pidió que presentaran la orden para llegar a Santa Cruz Barillas, pero como no llevaban fueron retenidos.
Santizo dijo que las personas actuaron ilegalmente al detener a la PNC, y gracias al Concejal cuarto, Antonio García, que intervino en la mediación junto a dos agentes; sin embargo, dijo que el funcionario pagó Q25 mil para que los liberaran.
“Es un grupo de personas que han estado actuando (de esa forma), no solo esta vez, han extorsionado a la gente, ahora dicen ser Cocodes, pero están actuando al margen de la ley”, agregó Ambrosio.
Erick Villatoro, auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos (PDH) de Huehuetenango, dijo que es preocupante el hecho que se den estas situaciones que afectan la gobernabilidad de la región, sin considerar que las acciones que se realizan son en materia de seguridad por la Consulta Popular.
“Nos afecta que seguimos en ingobernabilidad en la región. Que se den estas acciones que atentan contra los derechos de las personas como la libertad y libre locomoción”, expresó.
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