Los representantes de las ONG que trabajan en este departamento dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no están en contra de la fiscalización sino porque la reforma legal “viola nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho de petición”.
Las ONG esperan que el decreto sea vetado por el presidente Alejandro Giammattei.
“Las organizaciones nos oponemos porque la ley ya establece una fiscalización a las organizaciones… generalmente son organismos internacionales los que aportan recursos para poder hacer desarrollo y los controles que se tienen son bastante exhaustivos”, manifestó Álvaro Gómez, representante de las ONG.
Las organizaciones anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad (CC) deje sin efecto la nueva ley.
Gómez dijo que la cooperación internacional podría verse disminuida al no querer que los fondos que otorgan tengan que pasar por el Estado para llegar a los programas de desarrollo.
“Esta ley establece que si en algún momento se está exigiendo, fiscalizando o demandando que el Estado cumpla -con garantizar los derechos humanos- el mismo Estado puede fácilmente decir que se cierre la organización, a su discrecionalidad”, indicó.
La ley
Según el Congreso guatemalteco, la reforma de la ley permitirá “transparentar y fiscalizar” a las organizaciones no gubernamentales radicadas en el país.
La nueva normativa establece en su artículo 13, uno de los más polémicos, que las organizaciones no gubernamentales no podrán usar donaciones o “financiamiento externo” para “realizar actividades que alteren el orden público” en territorio nacional.
“Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” y “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”, señala la normativa.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la acontecido en el Congreso.
“La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, detalló la oficina de la ONU en Guatemala mediante sus canales de comunicación.
“ONU Guatemala recuerda la importancia de adoptar leyes y políticas que garanticen espacios de participación democrática”, añadió la entidad internacional.
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