“La situación en las fronteras es delicada”, dice un agente sin entrar en detalles, pero cuenta que para salvar su vida en muchos casos prefiere cerrar los ojos cuando ve pasar todo tipo de contrabando.
El libertinaje que se vive en las zonas limítrofes también causa otros problemas como la inseguridad y la anarquía, y un caso particular se vive en la zona fronteriza Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, donde se registra un promedio de 26 asesinatos por año, de unos 40 en todo el municipio.
“Las razones son fáciles de definir: se ha convertido en un pueblo sin ley porque solo hay cinco agentes de la PNC, un autopatrulla para custodiar una franja fronteriza con El Salvador y la playa del océano Pacífico”, dijo un vecino de la comunidad, ubicada a 166 kilómetros de la capital.
“En Ciudad Pedro de Alvarado es común escuchar que humildes vecinos de la comunidad se han convertido en prominentes empresarios porque se dedican al trasiego de drogas, armas y tráfico de personas procedentes de El Salvador”, dijo otro poblador que pidió omitir su nombre por seguridad.
Problema arraigado
Melvin Noé Silvestre, agente de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), señaló que el contrabando es un flagelo muy antiguo que se ha arraigado más en las poblaciones del suroccidente, occidente y Petén. “Muchos viven de eso”, afirmó.
“El difícil erradicar el problema, por la poca cultura de denuncia que hay en el país. Los vecinos saben que en su comunidad hay personas que se dedican a lo ilícito, pero no dan aviso. Incluso hay grupos organizados para cuidar sus intereses, como los vendedores de gasolina en las carreteras, donde es complicado hacer un allanamiento”, señaló.
Silvestre agregó que los productos que más se incautan son de la canasta básica como lácteos, cereales y huevos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el informe de Situación de la Trata de Personas en Guatemala, establece que la porosidad de las fronteras permite que personas pasen sin control migratorio, así como el ingreso de mercaderías sin pago de impuestos.
“Estos lugares facilitan a la delincuencia organizada efectuar todo tipo de actos sin ser vistos por las autoridades”, establece el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el estudio Violencia, Niñez y Crimen Organizado, indica que entre la frontera de Guatemala y México los carteles del narcotráfico controlan el paso de migrantes y las redes de trata y explotación sexual de menores.
“Las bandas secuestran a las jóvenes empobrecidas y las llevan a la frontera para venderlas; es decir, para ser explotadas sexualmente”, indica el estudio Trata de Personas con fines de explotación sexual en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
El narcotráfico utiliza a los menores y los convierte en mulas para transportar la droga por las fronteras, según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Afecta la economía
Ante una situación descontrolada, la Cámara de la Industria Guatemalteca (CIG) se pronunció recientemente sobre la importancia de combatir el contrabando, debido a que por ese ilícito el Estado ha dejado de percibir Q16 mil millones en impuestos por año.
Como muestra, la CIG resalta que el contrabando de aceite vende cada año unos 11.4 millones de litros, que representan unos Q185.4 millones, de los cuales el Estado deja de percibir unos Q22.2 millones en impuestos. Sucede lo mismo con otros productos como los cigarrillos, de los cuales este año se han incautado 13.3 millones de unidades.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) establece que el sistema aduanero guatemalteco lo conforman 11 puntos terrestres —cuatro con México, cuatro con El Salvador y tres con Honduras— e incluye uno en la zona de adyacencia con Belice. Además, tres puertos y dos aeropuertos.
Wárner Ovalle, intendente de Aduanas de la SAT y coordinador de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, señaló que hay un esfuerzo para erradicar ese flagelo, lo que ha dado como resultado varios decomisos este año.
Ovalle informó que en el 2016 se han efectuado 73 operativos en busca de productos de contrabando y otras anomalías, a través de registros en carreteras, aduanas, operativos internacionales y binacionales con México, así como allanamientos, lo que dejó casi Q45 millones en ajustes de impuesto, Q1.9 en valor de mercancías incautadas y US$52 mil —unos Q393 mil 120— en efectivo.
Lugar de caos
Sin bien el problema de contrabando y otros ilícitos ocurre a lo largo y ancho de las fronteras del país, autoridades y representantes de entidades coinciden en que los puntos rojos y dramáticos están en el límite con México, en Tecún Umán y El Carmen, San Marcos; La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango; y El Ceibo, ruta al Naranjo, La Libertad, Petén. Este último denominado por el portal mexicano Periodistas de a Pie como la puerta al infierno.
El Consejo Nacional de Atención del Migrante de Guatemala establece que solo entre este país y México existen 704 puntos ciegos utilizados como paso de migrantes y otros ilícitos, que están prácticamente a la vista de las personas y a pocos metros de oficinas de la PNC y de la Dirección General de Migración.
La CIG se refiere a 113 “cruces informales”: 54 en la frontera mexicana, 39 con El Salvador, 22 con Honduras y ocho en la zona de adyacencia con Belice.
“El río Suchiate, en Tecún Umán, no es obstáculo para el traslado de productos, más bien facilita el movimiento de personas y mercaderías”, señaló un vecino.
Otro poblador indicó: “Hay unos 400 balseros en la frontera. Ellos movilizan personas y mercaderías”.
“Nosotros, como delegación migratoria, ya no ejercemos ningún control sobre la salida y entrada de personas”, reconoció el empleado de una de las delegaciones de Migración del lado guatemalteco.
El país comparte 963 km de frontera con México, 255 con Honduras, 203 con El Salvador y 212 en la zona de adyacencia con Belice.
