Estadísticas de las autoridades revelan que del 2008 a la fecha han sido linchadas 82 personas en ese departamento.
Los municipios con más casos son Barillas, con 16; Ixtahuacán, 11; San Pedro Soloma, ocho; La Democracia, siete; Santa Bárbara, seis, y Huehuetenango, cuatro.
Según Érick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), los linchamientos de nuevo toman auge en ese departamento, situación que preocupa porque, según él, no se ven acciones para frenar las muertes.
“Esperamos que el Organismo Judicial, a través de la unidad de prevención de linchamientos haga una mayor labor, principalmente si se considera que Huehuetenango ocupa el primer lugar en la recurrencia de estos delitos, resaltó Villatoro.
Añadió que los linchamientos no constituyen justicia por mano propia, como algunos pobladores creen, sino la comisión de una serie de delitos.
“Algunos tratan de justificar los linchamientos como castigo comunitario; sin embargo, dentro de la cosmovisión maya no existe este tipo de acciones ilícitas que deben ser sancionadas”, resaltó Villatoro.
Agregó que a las víctimas se les violentan sus derechos humanos fundamentales.
Urgen acciones
A criterio de Villatoro, es necesario pasar del discurso a las acciones para poner un alto a este tipo de agresiones tumultuarias que requieren atención pronta y efectiva, pues las principales causas de estas se justifican por la falta de credibilidad de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, y la lentitud en la aplicación de la justicia.
“La población está cansada; sin embargo, de manera errónea se aplica este castigo a quienes se considera como actores de ilícitos”, explicó.
Byron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, lamentó que se hayan perdido espacios y esfuerzos con autoridades locales, a quienes se les ha llevado el mensaje; sin embargo, este fenómeno es una práctica común en la que se cometen delitos.
No permiten mediación
“Cuando es por secuestro, asesinato, extorsión o incluso robo, ya no hay posibilidades de mediar porque bloquean carreteras y manifiestan que no quieren la presencia de instituciones de derechos humanos”, comentó Herrera.
El funcionario considera que hay descomposición social. “A la población le sale más barato y obtienen una justicia agilizada con la práctica de linchamientos, pero se violenta el estado de Derecho.
Obviamente la familia de los linchados se pronuncia y aseguran que se trata siempre de una confusión”, indicó.
Herrera señaló que en estos casos los parientes de un linchado deben interponer las denuncias ante las instancias que corresponde, para que se hagan las pesquisas que sean necesarias, y luchar contra la impunidad en este tipo de casos.
Agentes de la Policía aseguraron que la falta de recursos para movilizarse, el escaso número de efectivos en las subestaciones y las distancias impiden que puedan intervenir, ya que las turbas amenazan con agredirlos.
Añadieron que en los municipios del norte, cuando estos grupos operan no hay quien se les pueda enfrentar, debido a que actúan con violencia y saña que rebasa los límites, al grado de quitarle la vida a quien se considera sospechoso de un ilícito.
