“Hay ingobernabilidad creciente proveniente de la incapacidad de las instituciones del Estado responsables de garantizar y brindar seguridad y justicia”, expuso Rodolfo Jacobs, vicepresidente de Ager.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, respaldó a Jacobs en la exhortación a los organismos Judicial y Ejecutivo y al Ministerio Público a que cumplan con sus responsabilidades e investiguen “la verdadera representatividad” de quienes causaron esos daños.
Rodrigo Rodas, vicepresidente de Promoción y Desarrollo Hídricos, a cargo de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, expresó que el ataque los sorprendió, porque en los cinco años que llevan en el lugar, nunca hubo señales de molestias ni amenazas.
EN EL CAMPO
El Consejo del Pueblo Maya, en un comunicado, también manifestó sus exigencias al Gobierno. “La conflictividad generada en el territorio maya q’anjob’al es responsabilidad exclusivamente del Gobierno, en virtud de que no ha cumplido con su deber de consultar previamente las medidas legislativas y administrativas en territorio del pueblo maya”, señala.
La Diócesis de Huehuetenango, el alcalde de San Mateo Ixtatán, Donato Santizo, y representantes de grupos indígenas del norte de ese departamento responsabilizaron al Estado por la crisis.
El obispo Álvaro Ramazzini indicó que si bien hacen falta desarrollo e inversiones, las empresas y el Gobierno deben escuchar la voz de la población.
