Aura Mendoza, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), afirma que la violencia contra menores es alarmante. “Lamentablemente el Estado no responde, no garantiza los derechos de la niña, no garantiza la salud y vemos que los procesos legales se quedan estancados y en impunidad”, dijo.
Agregó que es importante promover que se haga justicia para las menores y que ellas reciban todos los beneficios que el Estado está obligado a brindarles, pues el llevar un embarazo a temprana edad transforma por completo su plan de vida, y entre algunas de las consecuencias está dejar los estudios.
Impunidad
Mendoza explicó que cuando un caso de embarazo se detecta en escuelas o servicios de salud se coloca la denuncia y se le da acompañamiento a la menor; sin embargo, al llegar el proceso al Ministerio Público este se estanca, lo que propicia niveles altos de impunidad.
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“La familia necesita que se haga justicia, creemos que nos falta mucho en ese sector para brindar atención a esas niñas”, afirma.
En números
Datos del Osar detallan que en el 2018 en Huehuetenango se registraron 132 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales 14 fueron en La Democracia; 13 en Barillas; 12 en Nentón; y en el resto de los municipios entre uno y cinco casos.
Según el reporte, 69 de estas menores tiene pareja, es decir que fueron obligadas a sostener una relación conyugal con un hombre pese a que la Ley establece que es un delito; y 63 menores se embarazaron al haber sido abusadas sexualmente.
En lo que va de este año se reportan más de 90 embarazos en menores de 14 años, 12 casos en Barillas, ocho en Colotenango, siete en Soloma, siete en La Democracia, siete en Todos Santos, y seis en Nentón. Se informó que 56 niñas tienen pareja.
El Osar informó que, en el 2019, a escala nacional se han embarazado dos mil 837 niñas de 10 a 14 años, y Huehuetenango ocupa el primer lugar con ocho mil 856 casos, seguido de Alta Verapaz con siete mil 862; San Marcos, cinco mil 476; Petén, cuatro mil 991; Quiché, cuatro mil 794; y Guatemala, cinco mil 771.
Érick Villatoro, auxiliar de la PDH, dijo que lo más preocupante son los casos no que no se conocen y que quedan en la impunidad, pues los que se denuncian caminan a paso lento y se abriga la esperanza de que en algún momento habrá justicia.
Agregó que el acceso a la justicia ha mejorado con la creación de fiscalías y juzgados especializados; sin embargo, la carga procesal genera mora judicial.
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Según el funcionario, no basta solo con denunciar el caso sino debe haber un seguimiento al proceso con los asesores jurídicos del Ministerio de Salud, “lo desafortunado es que los victimarios son familiares por lo que se limita y las funciones de esta cartera es de salud no judicial”, explicó.
Gandy Veláquez, de la Red de Jóvenes, señala que por más denuncias que se interponen no hay reacción de las autoridades, desde el Ministerio Público hasta los jueces.
“Estancan cada uno de los casos y no se ve, somos el primer departamento con niñas madres y a pesar de eso no hay sentencias, en lo administrativo no hay planes para reducir esos indicadores negativos”, afirma.
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