El Concejo de Villa Nueva es presidido por Edwin Escobar, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.
El informe de la CGC señala que el Concejo cobró Q3 millones en dietas por reuniones duplicadas para analizar la exoneración de multas generadas por la falta de pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (Iusi).
Se estableció que los ediles se reunían dos veces por día, entre 15 y 40 minutos cada vez, y cada uno de los 15 integrantes recibió Q4 mil por sesión. Se documentaron 50 reuniones del 6 de enero al 24 de agosto del 2016.
A ese respecto, Énder Casasola, portavoz de la comuna villanovana, señaló que es posible que la CCG tenga algunas dudas. Aseguró que los hallazgos se han ido desvaneciendo con base a las pruebas de descargo.
En cuanto a los cobros efectuados por las reuniones de concejo señaló que estos son parte del presupuesto de la comuna.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, ve positivos los hallazgos de la CGC, pues según él, en muchas municipalidades del país negocian acuerdos políticos “bajo la mesa”.
Añadió que las sesiones de concejo son públicas y las comunas deberían transparentar su trabajo a través de la publicación de sus reuniones. En muchos casos se transmiten en los sistemas de televisión por cable.
Explicó que la Contraloría trata de apoyar a los gobiernos municipales para que hagan bien las cosas y considera que hay que enfocarse en el tema de prevención, para mejorar la calidad del gasto y la inversión pública.
“La municipalidad de Villa Nueva tiene presupuestada la cantidad de sesiones que se realiza todo el año, teniendo la obligatoriedad de efectuar una por semana, lo que puede variar dependiendo de las necesidades de la población”, explicó Casasola.
El informe de la Contraloría también detalla que la comuna incurrió en irregularidades en la compra de dos terrenos, por los que se pagaron Q15 millones 97 mil 600; sin embargo, la CGC determinó que esas propiedades son Q3 millones 15 mil 697.96 más baratas.
Al respecto, Casasola descartó que haya sobrevaloración de los terrenos, donde se tienen previsto construir un relleno sanitario, pues las compras se efectuaron con base a avalúos de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas.
Hallazgos en Mixco
La CGC presentó cuatro denuncias en el Ministerio Público contra el Concejo de Mixco, dirigido por Neto Bran. Una de estas porque Q51 millones 682 mil 340.53 para inversión fueron destinados a funcionamiento.
De acuerdo con Mynor Espinoza, portavoz de esa comuna, Bran y su concejo desconocían la existencia de esas transferencias, cuyos fondos se utilizaron para el pago de planilla y aportes al plan de prestaciones, ordenados por un juez, pues la administración anterior dejó una deuda de más de Q100 millones.
Otra denuncia resalta que se incumplió la Ley de Contrataciones en un proyecto de mantenimiento de pozos, adjudicado a la empresa Construsa, por Q13 millones 800 mil, pues la compañía no llenó los requisitos de ley. Además, figura una adjudicación a la constructora La Unión por un proyecto de pavimentación, por Q8 millones 612 mil 500.
Una tercera denuncia señala que el Concejo adjudicó Q5 millones 118 mil 750 para la ejecución de un proyecto de abastecimiento de agua, sin que la empresa a cargo llenara los requisitos establecidos.
En Chinautla, la municipalidad a cargo de Brenda del Cid Medrano, la CGC encontró 22 anomalías y presentó una denuncia penal. Esta se debe a un contrato de arrendamiento de un nacimiento de agua, el que según la CGC es lesivo, y por el cual la comuna desembolsó, entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016, Q600 mil a la empresa Multitel.
La comuna paga Q50 mil de renta mensual por esa fuente de agua, pero el contrato carece, entre otras cosas, de fianza de cumplimiento y publicación en Guatecompras.
Se llamó a esa municipalidad para conocer la versión de Del Cid, pero nadie respondió.
- Este es el listado de las reuniones del Concejo de Villa Nueva