Por su asistencia mensual a las reuniones de la Junta Monetaria, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), González Ricci recibió un promedio de Q35 mil mensuales, a los que se suman los gastos de representación en la SAT por Q20 mil cada mes. Al sumar los Q50 mil en dietas con los Q53 mil de salario, el ingreso sobrepasa los Q100 mil mensuales, con lo que se convertía en el ministro mejor pagado del país al incluir ese rubro.
El actual ministro de Finanzas, Edwin Martínez Cameros, registró en dietas mensuales a partir de octubre de ese año por: CHN, Q7 mil 200; SAT, Q20 mil 700, y Conadie, Q2 mil.
También se detallan pagos en dietas para los cuatro viceministros y varios funcionarios de esa cartera, de acuerdo con información solicitada por la Unidad de Acceso a la Información.
Sin embargo, el Ministerio de Finanzas (Minfin) reportó que algunas instituciones estaban pendientes de remitir la información desde octubre del 2022 y otras no reflejaron movimiento.
Más allá del cobro para algunos funcionarios, el gasto en dietas que las entidades descentralizadas erogan para quienes participan en las reuniones de trabajo es millonario. Para el 2023, un total de 64 entidades descentralizadas contempla un presupuesto vigente de Q68.4 millones, de acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada de Entidades Descentralizadas del Ministerio de Finanzas, renglón 061, correspondiente a Dietas.
Esa cantidad se ha incrementado en los últimos cinco años. En el 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales, el gasto en dietas de las entidades descentralizadas fue de Q53.2 millones, y durante el 2022 se cerró el gasto en Q64.03 millones. En este período se ha visto un incremento del 28%.
Las entidades descentralizadas que erogan más fondos por este concepto son el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial (OJ) y dos municipales: Empresa Municipal de Agua (Empagua) y Empresa Municipal de Transporte (EMT), las cuales se turnan los primeros lugares en ese concepto.
Además de los funcionarios, entre los beneficiarios de este estipendio se incluyen sectores sindicales, representantes del sector privado, asesores y funcionarios de las mismas entidades descentralizadas o municipalidades.
Encabeza la lista
El Inde ha liderado el gasto en dietas en los últimos cuatro años. En el 2019, el monto pagado fue de Q5.04 millones, y en el 2022 se elevó a Q5.5 millones.
Para los 31 integrantes del Consejo Directivo de la institución, cada reunión representó Q3 mil 500 a la semana, un monto autorizado y vigente desde el 2012, aunque se desconocen los temas que se abordan, pues se niega el acceso a la prensa.
El Consejo Directivo está integrado por un miembro titular y uno suplente de las siguientes instituciones: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y asociaciones o sindicatos de trabajadores del país legalmente constituidos, para sumar sesiones de hasta 31 personas.
Por ejemplo, el año pasado, el representante del sindicato, Samuel Nenroth Hernández, recibió por asistir a 123 sesiones Q430 mil 500 anuales, de acuerdo con información pública del Inde. En tanto, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, por su asistencia a 115 sesiones recibió Q402 mil 500, además de su sueldo de Q41 mil 525. En suma, obtuvo alrededor de Q900 mil 800 anuales.
La Junta Directiva del IGSS erogó en 2022 la suma de Q4.1 millones anuales en dicho rubro, ya que se agendan dos reuniones semanales para los seis miembros, lo cual representa una dieta mensual de Q24 mil para cada uno, y para dos secretarios. La Junta Directiva está integrada por el Organismo Ejecutivo: presidente del IGSS; por el sector patronal, el representante del Cacif; por el sector laboral, el representante del sindicato; el delegado del Colegio de Médicos, el del Consejo Superior Universitario y de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
“Algunas veces, estas reuniones se extienden con la presencia de miembros suplentes y gerentes de la institución”, explicó el economista Édgar Balsells, quien formó parte años atrás de la directiva de la institución.
Alta erogación
Otras entidades con altos presupuestos ejecutados en el renglón de dietas durante el 2022 fueron la CDAG, con Q4.1 millones; el Organismo Judicial, con Q3.5 millones; la Empresa Municipal de Transporte de Guatemala (EMT), con Q3.2 millones; y la Empresa Municipal de Agua (Empagua), con Q3.1 millones.
La EMT reportó en enero de este año de nueve a 10 sesiones mensuales con gastos en dietas para 24 integrantes, entre el presidente, miembros titulares y suplentes y asesores, a razón de Q1 mil 050 por reunión, para sumar, para cada uno, ingresos de Q9 mil 450 a Q10 mil 500 mensuales.
En cambio, las dietas de Empagua incluyeron en enero de este año a 25 miembros, entre directores propietarios, suplentes y asesores. Encabezó la lista el alcalde Ricardo Quiñónez, quien reportó gastos de representación por Q10 mil mensuales, además de Q9 mil 600 en dietas. Los otros 20 miembros devengaron honorarios mensuales de Q9 mil 600, y cinco cobraron de Q7 mil 200 a Q8 mil 400 por este concepto. Las reuniones se celebran dos veces por semana.
Emetra se ubicó en el 2023 en el puesto 10 de gastos en el mencionado rubro. En febrero último, los 22 integrantes de la Junta Directiva, desde el alcalde hasta directores, secretario y asesores, reportaron los siguientes gastos: 11 de ellos, Q9 mil 600 mensuales para cada uno, y 11 asesores, Q4 mil 800. Las sesiones se llevan a cabo dos veces por semana. Sentarse en el Concejo también implica recibir un ingreso extra para cada integrante. Las dietas que recibieron en febrero del 2023 por sesionar representaron para 16 de ellos —alcalde, síndicos, concejales y secretario— un monto aproximado de Q1 mil 200 cada una, para cumplir de 11 a 12 reuniones mensuales. Esto representó el pago mensual de Q197 mil 952 y alrededor de Q2.6 millones anuales, de acuerdo con datos publicados en la página de la Unidad de Información Pública de la municipalidad capitalina.
Lily Caravantes, concejal 10 de la comuna capitalina, quien llegó al cargo por el partido Semilla, participa en las sesiones del Concejo y de la EMT. Confirma que las reuniones se efectúan en forma virtual desde hace tres años.
Ordenar la función pública
Balsells considera que este patrón refleja el abuso y la carencia de una ley de servicio civil que permita ordenar y regular la carrera administrativa de los funcionarios. “Se conoce como modernización del Estado, en donde se necesita un mandatario que imponga orden en todas las entidades descentralizadas”, aseguró.
Agregó que dicha ley debe surgir luego de un diagnóstico que determine que existe tal desorden, lo cual demanda una planificación y racionalización del gasto público.
Balsells añadió que el subcontralor de Calidad del Gasto de la Contraloría General de Cuentas podría hacer una sugerencia al respecto, pero el problema es la burocracia, lo que facilita el enriquecimiento de la función pública, lo cual debe evitarse.
El analista Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincide con Balsells en que debe hacerse una reforma al servicio civil y regular el desembolso de dietas en las instituciones públicas.
“Las dietas terminan siendo formas en que los funcionarios públicos tienen parte de sus ingresos aparte de sus salarios, honorarios, o lo que sea para cada uno. Es bastante desordenado —el desembolso de dietas— y no hay criterios estandarizados. Eso mismo se puede ver en los concejos”, indicó.
Afirmó que lo que cada funcionario devenga debería ir respaldado por resultados. “Debería ser valor por dinero. Queremos funcionarios que sean profesionales, capaces y motivados. Entonces —sus ingresos— que vayan en concordancia con el desempeño de sus funciones y las dietas debieran estar reguladas en un marco jurídico”, aseguró.
Sin pronunciarse
Prensa Libre solicitó una entrevista con el subcontralor de Calidad del Gasto de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero solo respondió que las auditorías están en proceso en las diferentes direcciones de la entidad.
“En este momento se encuentran en proceso de comunicación de resultados y posteriormente dar paso a la discusión de hallazgos, en donde las entidades entregan pruebas de descargo que son valoradas por la Contraloría, antes de la rendición del Informe Anual de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2022”, informó su portavoz, Mónica Monge.
