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“Exigimos que la Unidad de Bienestar Animal se pronuncie por el nuevo arancel autorizado por el Colegio de Veterinarios a inicios de este mes, en donde promueven altos costos de castración y multará a los veterinarios si cobran menos, esto no es aceptable pues se estaría eliminando las jornadas gratuitas de castracion, no permitiénsoles a los veterinarios participar”, manifestó Cárcamo.
“Yo, entiendo que hay muchos guatemaltecos que viven en áreas residenciales y que tienen acceso a costear los altos costos de castración que promueven, pero una gran mayoría no contamos con presupuesto para eso, ya que existen prioridades como por ejemplo la alimentación de los niños”, agregó.
Cármaco señaló: “Solicitamos que la Unidad de Bienestar Animal acelere el proceso de creación del registro de oenegés legalizadas, para darle continuidad al proceso de creación de la Comisión de Bienestar Animal y esperamos que se pronuncien esta semana o de lo contrario actuaríamos legalmente”.
Luego de entregado el memorial, en la UBA no hubo quién diera una postura sobre este tema, puesto que Ronnie Espino, coordinador de la unidad continúa de viaje. Entonces se consultó a Esvin Veliz, vocero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), explicó: “El Maga no tiene competencia con las disposiciones del Colegio de Médicos Veterinario, sabemos que tienen una guía de precios establecidos para las castraciones y en una asamblea establecieron precios tope”.
Agregó: “El Maga tiene la obligación de velar porque no incremente la población de perros vagabundos o callejeros o también de animales de compañía, y consideramos que las jornadas de castración que realizan organizaciones legalmente constituidas aportan de manera importante para controlar esta sobrepobalción, por lo que se busca una conciliación entre el Colegio y estas asociaciones”.
El próximo 22 de febrero se espera que ocurra una reunión entre las organización, el CMVZ y la UBA para llegar a un arreglo, de acuerdo al artículo 56 del Código de Ética Profesional del Colegio, que ampara los servicios de ayuda social.
“Como maga no podemos interferir en las normativas de los precios establecidos; sin embargo, a través de la conciliación se sugeriría que se tomen en cuenta las jornadas a bajo precio como ayuda social para que no proliferen los perros y gatos”, señaló Veliz.
La polémica surgió porque varias organizaciones protectoras organizan jornadas de castración a bajo costo en las que se atienden cientos de perros y gatos y que una vez publicado el reglamento, los profesionales, colegiados y activos, que participan en estos eventos no podrán cobrar menos de Q700, lo que impacta la labor de las oenegés.
El CMVZ se pronunció al respecto recientemente e indicó que estos eventos son una competencia desleal y que las organizaciones que realizan estas jornadas deben inscribirse como lo establece la Ley de Bienestar Animal, no solo ante la Superintendencia de Administración Tributaria sino en el Ministerio de Gobernación.
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