Para el día de su extradición, el 10 de diciembre de 2021, había sido únicamente identificada como miembro de una red de negocios de sus hermanos y padre vinculada al mexicano Cartel de Sinaloa, por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. en 2012 (además de que en 2014 se casó con el narcotraficante Jairo Orellana, también extraditado). Desde que llegó a una cárcel estadounidense, la procesada se declaró no culpable. Eso cambió el 2 de febrero pasado, cuando su defensa envió un memorial (documento número 40 del expediente) a la corte manifestando la intención de la procesada de cambiar su declaración a “culpable de los cargos”, que confirmará en persona en una audiencia programada para el 7 de marzo próximo.
Declararse culpable le evita a Lorenzana Cordón ir a juicio con un jurado (una docena de ciudadanos elegidos al azar que deciden si la persona procesada es culpable o no, con base en la información que proporcionan la fiscalía y la defensa). Sin embargo, estará a merced de la sentencia que la jueza Colleen Kollar-Kotelly le dicte. Es la misma jueza que condenó a cadena perpetua a sus hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón en 2019, quienes se habían declarado no culpables, y que condenó a 23 años de cárcel al padre, quien se declaró culpable pocos meses después extraditado, y falleció en febrero de 2021 cuando había cumplido diez años de la condena.
En el sistema judicial estadounidense, la admisión de culpabilidad implica la colaboración de la persona procesada con la fiscalía, para proporcionar información que le permita capturar a otros cómplices, a cambio de una posible reducción en la condena de cárcel. Según las autoridades estadounidenses, todavía hay “supuestos miembros” de la organización Lorenzana que permanecen prófugos. No los identifican por nombre. Sin embargo, un hermano de la procesada, Ovaldino Lorenzana Cordón, identificado también en 2012 como miembro de la organización Lorenzana de narcotráfico, permanece en libertad. Ninguna autoridad guatemalteca ha señalado que tiene orden de captura.
La acusación
Un documento fechado el 13 de diciembre de 2021, dos días después de la extradición de Marta Julia Lorenzana Cordón (y su hermano Haroldo, capturado en 2019), revelaba que le seguían la pista desde al menos 2008. Entre ese año y 2019, las autoridades la consideraban responsable de “coordinar la logística de recibir, distribuir y almacenar cargamentos de cocaína enviados desde Sudamérica a Guatemala”, para su eventual importación a Estados Unidos, además de haber “demostrado la habilidad de facilitar transacciones con grandes sumas de dinero en efectivo”.
Según las autoridades estadounidenses, ella manejó las operaciones de trasiego mientras su padre y tres de sus hermanos (Eliú, Waldemar y Haroldo) fueron capturados en 2011, 2013 y 2019. Marta Julia fue capturada dos años después en Zacapa. Mientras esperaba su traslado a la capital a bordo de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), su hermano Ovaldino fue fotografiado a la par del vehículo, en libertad. Días después, una fuente de la PNC diría que sólo llevaban la orden de captura para ella.
El documento de diciembre pasado, del expediente en EE. UU., informaba que la organización de los Lorenzana usaba violencia para mantener su poder sobre otros grupos de narcotráfico, y que la fiscalía que llevaba el caso también “tenía evidencia que personalmente implicaba a la procesada en actos de violencia, incluyendo asesinato”. Aquello era una lista de argumentos para pedir a la corte de Kollar-Kotelly, en el Distrito de Columbia, que Marta Julia Lorenzana Cordón guardara prisión mientras iniciaba su juicio porque le esperaba una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de al menos 30 años, y tendría suficientes motivos para huir. La solicitud fue firmada por el fiscal Arthur Wyatt, jefe de la División Criminal de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas en el Departamento de Justicia.
“La evidencia en el juicio (decía el fiscal, antes que Lorenzana Cordón se declarara culpable) incluirá el testimonio de testigos cooperantes que se comunicaban directamente con la procesada para coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico, y detalles contables de los cargamentos (movimientos de droga y dinero)”, indica el documento firmado por Wyatt. Se refería a un registro escrito del cual estaban encargados los testigos cooperantes que describen el papel de la procesada en la organización de narcotráfico, así como a comunicaciones interceptadas de mensajes de texto.
Después que la jueza Kollar-Kotelly escuche a Marta Julia Lorenzana Cordón declararse culpable el 7 de marzo, fijará otra fecha para dictarle una sentencia de cárcel con base en la recomendación de la fiscalía. Marta Julia Lorenzana se declarará culpable de narcotráfico en EE. UU.
La captura y extradición
La acusación contra Marta Julia Lorenzana Cordón data del 23 de julio de 2020 por cargos relacionados con el narcotráfico, y se sustentó en una investigación de la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés). La investigación determinó, como en el caso de los demás hermanos Lorenzana Cordón, que la cocaína era almacenada en sus propiedades.
Las autoridades estadounidenses la describían como una “supuesta integrante de una influyente organización del narcotráfico de gran escala en Guatemala” que envió múltiples toneladas de cocaína hacia los Estado Unidos, y a la que seguían la pista desde 1996. Además, señalaban que para garantizar su “éxito y dominio” en el trasiego de drogas, la organización de narcotráfico de los Lorenzana “dependía de actos de corrupción gubernamental y violencia”.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. solicitó a Guatemala la captura y extradición de Marta Julia Lorenzana Cordón el 3 de febrero de 2021. La orden de captura fue emitida luego de seis días, según el expediente. La PNC la capturó casi tres meses después en Zacapa.
La procesada en un principio era defendida por Robert Feitel, que en 2019 representó al expresidenciable Mario Estrada, capturado ese año por narcotráfico en Miami, y condenado en una corte de Nueva York por ese delito. Feitel también representó a José “Che” Manuel López, a quien EE. UU. identificó como un prominente narcotraficante de Chiquimula, detenido en 2017, procesado en Miami, y excarcelado cuatro años después.
Para 2022, Lorenzana Cordón prescindió de Feitel, y ahora la representan dos abogados de la defensa pública, José German y Kathryn D’Adamo Guevara, cuyo historial no incluye la defensa de acusados por narcotráfico.
