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La justicia en Guatemala está expuesta a un opaco sistema que mantiene detalles en secreto
Un sistema informático distribuye los casos nuevos entre los 10 juzgados penales que funcionan en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo funciona? Sólo los informáticos y autoridades judiciales lo saben.
Expertos afirman que la CSJ debe contar con un mecanismo público y transparente en la designación de jueces. (Foto Prensa Libre :Hemeroteca PL)
¿Por qué el caso B410, que revela una presunta evasión fiscal de cientos de millones de quetzales, se gestiona en el Juzgado Cuarto Penal, a cargo de Pedro Laynez, y no en otro de los 10 juzgados penales del departamento de Guatemala? La respuesta, que se encuentra en manuales y documentos oficiales, es que la distribución de expedientes está a cargo del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Penal y que se hace mediante sorteo aleatorio. Sin embargo, la confiabilidad del sistema no escapa de las dudas.
Esto dice el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) Óscar Cruz: “Es complicado decir que el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) es confiable. Siempre ha habido dudas. Recuerdo que cuando fui juez de Niñez había inconformidades sobre el reparto de casos; por ejemplo, de por qué uno de los juzgados tenía más casos y se le recargaba el trabajo”.
Las dudas sobre la asignación aleatoria de casos, para otros, gira en torno a por qué algunos expedientes, como los que se siguen contra exjueces, exfiscales y periodistas, quedan a cargo de determinados juzgados. El Manual de Procedimientos del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Penal señala los pasos que se siguen al recibir causas nuevas, denuncias o expedientes de investigación que presenten abogados u otras instituciones, como el Ministerio Público (MP). El texto indica que el oficial del centro de servicios auxiliares que recibe la causa nueva “sortea y asigna el código único de proceso en forma aleatoria y equitativa en el SGT”.
El sistema
Gestión Penal se integra con 81 trabajadores, de acuerdo con el directorio más reciente publicado, pero solo 15, los oficiales, tienen contacto directo con los expedientes nuevos y acceso al sistema que asigna el juzgado que conocerá cada caso. El OJ cuenta con un sistema informático, del cual no se logró obtener detalles ni sobre su aplicación, que asigna el juzgado al que irá cada expediente. En la ciudad de Guatemala funcionan 10 juzgados penales, uno exclusivo para extorsiones y otro para delitos relacionados con el patrimonio cultural. Este último ha comenzado a recibir otro tipo de causas, ya que su carga de trabajo era menor a la de las otras judicaturas.
Pese a varias solicitudes de acceso a la información, consultas y pedidos de entrevistas, no se logró confirmar en el Organismo Judicial qué tipo de sistema o programa informático utiliza para hacer el sorteo ni la explicación sobre las garantías para limitar la intervención o manipulación humana. Un abogado que pide el anonimato sospecha que el sistema no es aleatorio, sino sucesivo. Luego de conversar con exfuncionarios, jueces y personas informadas —que prefieren no ser citados—, se puede concluir en que el sistema está en uso y que no es sucesivo. En algunos días el sistema asigna casos solo al juzgado Quinto, por ejemplo, y otros solo al Segundo o al Décimo, sin continuidad. En teoría, el sistema trata de equilibrar las cargas y de enviar la misma cantidad de expedientes a un solo despacho. ¿Cuál es la fórmula? Los entrevistados aseguran que el tema solo está bajo dominio de los expertos del Departamento de Informática y las autoridades superiores; es decir, la Corte Suprema de Justicia.
Discrecionalidad
La designación discrecional de jueces fue uno de los patrones del uso indebido del Derecho Penal que la Misión de Jueces de la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM) identificó en el 2022, durante una visita para dar seguimiento a las acciones consideradas como criminalización contra operadores de justicia.
El informe de la Misión señala, concretamente, la designación discrecional de pesquisidores a cargo de los procesos de antejuicio. “Preocupa que la CSJ no cuente con un mecanismo público y transparencia para seleccionar y designar a los jueces o magistrados que se encargarán de las pesquisas de antejuicio”, detalla.
En el documento se expone que, “aparentemente”, la selección de pesquisidores se realiza por medio de un sorteo automatizado entre todas las salas de Apelaciones, pero les llamó la atención que en los casos de los jueces Erika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez se designó como pesquisidores a los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones. Para revisar la denuncia contra Aifán se nombró entonces al magistrado vocal I de esa sala, Roaldo Chávez, quien al mismo tiempo se desempeñaba como secretario de la directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (Imcaoj), la misma entidad que presentó la denuncia contra la jueza.
La observación de la misión de jueces se puede extrapolar a la asignación de los casos penales que, por el interés público, atraen la cobertura de la prensa, como el caso B410 o el homicidio de Floridalma Roque, quien murió en el quirófano del cirujano plástico Kevin Malouf, ambos a cargo del juez Pedro Laynez.
Una revisión de los casos penales que más atención atraen lleva hasta el Juzgado Décimo, a cargo de los jueces Jimi Bremer, Víctor Cruz y Fredy Orellana. Los tres han sido designados por el Departamento de Estado de EE. UU. como actores corruptos y antidemocráticos. Cruz tiene a su cargo los casos contra docentes, estudiantes y personas que se opusieron al proceso fraudulento mediante el cual se eligió a Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
También accedió a la solicitud del MP a pedir información a la red social X sobre medios de comunicación y periodistas. Entre los expedientes bajo el control de Bremer se encuentra el caso contra la exmandataria de la Cicig, Claudia González, quien enfrenta un proceso por abuso de autoridad a partir de la denuncia que presentó la magistrada de la CSJ Blanca Stalling. La denunciante fue procesada y condenada por tráfico de influencias, ya que citó a su despacho al juez que se encargaba del caso IGSS-Pisa, en el que estaba vinculado su hijo Otto Fernando Molina Stalling. El juzgador grabó la conversación en la que se le pide un mejor trato hacia Molina. Víctor Cruz cerró el caso contra la exmagistrada en junio de 2022.
Tanto este como Bremer están a cargo de los expedientes del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y sus nombres se ven con frecuencia en las noticias porque tienen a su cargo casos de interés público. Hay menos menciones, por ejemplo, de Carlos Toledo Cruz e Israel Zelada Galindo, a cargo del Juzgado Sexto Penal.Zelada tuvo a su cargo en el 2021 el caso por falsedad ideológica con agravación electoral contra el exsuperintendente de Administración Tributaria Francisco Foppa.
En una de sus audiencias, dicho juez rechazó señalamientos en redes sociales —netcenter— que cuestionaban su función judicial. En el 2019, la CSJ dispuso que los juzgados penales de la ciudad de Guatemala fueran pluripersonales; es decir, que tuvieran más de un juzgador para atender la alta carga de expedientes y así cumplir con una “justicia pronta y cumplida”.
