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La alimentación escolar sigue sin alcanzar las metas que se ha propuesto el Estado
El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta un reto con la refacción escolar, pues debe cumplir con alimentar a tres millones de estudiantes inscritos para el presente ciclo, repartidos en más de 35 mil establecimientos públicos del país.
Entrega de alimentacin escolar a padres de familia por parte de maestros de la Escuela Lucas Tomas Cojulun , zona 1. Fotografa Esbin Garcia 22-05-24
La Ley de Alimentación Escolar ordena que se cumpla con el programa de dos maneras: a través de la entrega de bolsas de alimentos a los padres de familia o por medio de la refacción servida a la hora del recreo. Sin embargo, cada una de las modalidades tiene ventajas y desventajas. La bolsa es más práctica de repartir. Se entrega cada 25 días hasta cumplir los 180 días efectivos; es decir, siete veces durante el año.
Es una por estudiante, así que los hogares con más de un niño escolar pueden recibir varias. Pero el Ministerio de Educación reconoce que con los productos que se entregan no cubren todos los nutrientes recomendados porque falta la proteína y no hay garantía de que únicamente el estudiante aproveche la comida, pues se reparte entre la familia.
La refacción servida a la hora del recreo tiene más valor nutricional, según las autoridades educativas, pero para prepararla no es sencilla la logística, pues se necesita una cocina, mobiliario, equipo y personal que cocine. La Ley establece que el Estado debe proveer todos los insumos o se debe contar con la colaboración de las municipalidades para acondicionar espacios donde se elaboren los alimentos, y aunque esta es la opción a la que más le quiere apostar la administración de la ministra Anabella Giracca, es la más complicada, porque de los 35 mil 881 planteles educativos públicos, entre el 80 y 85% no pueden acondicionarse por ahora para construir una cocina.
Vieja historia
La distribución de alimentos en las escuelas se remonta a 1956, cuando el entonces presidente Carlos Castillo Armas ordenó instituir el plan Lunch, con el que se crearon y repartieron raciones para distribuir entre los estudiantes de primaria. Los menús se elaboraron con el apoyo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap). La idea surgió después de que varios niños se desmayaron durante el desfile del 15 de septiembre, lo cual se tomó como un indicio de la mala alimentación que los menores recibían.
A partir de entonces la refacción escolar ha cambiado en varias ocasiones. En 1971 se aprobó el decreto legislativo 13-71, denominado Ley de Refacción Escolar Rural, con el cual se le ordenaba al Estado suministrar refacción o complemento alimenticio a todos los estudiantes de las escuelas de todo el país. La ración consistía en un vaso de leche, Incaparina u otra bebida de valor nutritivo similar.
La galleta fortificada y el vaso de atol se distribuyeron desde 1986 al 2003. Al año siguiente, 2004, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el Programa Vaso de Leche Escolar, que duró tres años. En el 2009, dicha cartera, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), diseñó menús que pretendían cubrir el 15% del requerimiento dietético de proteína diario y 25% de energía. También se capacitó a los padres sobre plantación de huertos escolares pedagógicos e instalación de tiendas en las escuelas, pero con enfoque nutritivo.
Del 2012 al 2017, la Estrategia de Seguridad Alimentaria Nutricional y Gestión Escolar se mantuvo focalizada en los municipios de “alta y muy alta” vulnerabilidad nutricional. En el 2017, el Congreso aprobó la Ley de Alimentación Escolar, que entró en vigor en el 2018, y es la que rige actualmente. En esta se estableció inicialmente una asignación presupuestaria de Q3 por estudiante inscrito, y a partir del 2019, Q4 por beneficiario.
La normativa mandaba preparar y servir la refacción en las escuelas; sin embargo, durante la pandemia del covid-19, por la suspensión de clases presenciales, se optó por entregar bolsas de alimentos a los padres de familia, medida que permaneció hasta el año pasado. En el 2021, el Congreso reformó la ley e incrementó el costo de la refacción por estudiante, así que se establecieron Q4 para educación inicial, Q6 para preprimaria y primaria y Q4 para básicos y diversificado. Otro de los cambios fue que se amplió la cobertura para el nivel medio, que no estaba contemplado cuando se aprobó la medida.
“Yo veo esto como un tema paternalista-asistencialista, y Guatemala necesita otro tipo de programas. Si nosotros tuviéramos desarrollo y le diéramos un espacio para desarrollarse económicamente a las comunidades, la gente y los niños comerían en su casa”, comentó Édgar Choguaj Chajil, educador comunitario y experto en educación. Otro de los cambios que se hicieron a la normativa es que el Ministerio tenga dos opciones para alimentar a los estudiantes: refacción servida y entrega de bolsas con alimentos.
Esta elección queda sujeta a las organizaciones de padres de familia (OPF), en conjunto con el Mineduc, según las necesidades o condiciones de cada establecimiento educativo. Emilio Castillo, tesorero de la OPF de la Escuela Oficial Urbana Mixta El Pedregal 1, jornada matutina, en la zona 6 de Retalhuleu, comentó que este mes iniciaron a servir las refacciones. Ellos cuentan con cocina, mobiliario, equipo y una cocinera a quien paga el Mineduc para preparar los alimentos.
El menú se rige por las recomendaciones ministeriales y fue adaptado a la dieta de la comunidad. Las raciones incluyen pan con pollo, frijoles colorados y pastas, entre otros alimentos. Según Castillo, su escuela es una excepción. “Yo no entiendo cómo el Gobierno implanta un proyecto si no ha hecho un estudio completo de todas las escuelas para ver si tienen tanto la infraestructura como el material humano. Hay escuelas en donde las mamás se turnan para ir a hacer la comida, otras están abandonadas totalmente y en algunos casos, si falta un padre de familia, le toca al maestro sustituirlo, y deja de dar clases por estar cocinando”, comentó.
“Si me pusieran a escoger, yo escogería la bolsa, por practicidad y porque le ayuda un poco más al núcleo familiar, aunque sé que esa no es la finalidad”, agregó Castillo. Johana de Vásquez es madre de una estudiante de la Escuela Oficial Urbana de Niñas número 61 República de Italia, en Santa Faz, Chinautla. Ella también prefiere la bolsa, pues señala que a su hija le sirven tarde la comida, cuando ya el recreo está por finalizar y no le da tiempo para comer. Agregó que, en ocasiones, los alimentos no están bien cocinados.
“Otra cosa es que cuando los niños salen temprano de estudiar, ese día no reciben refacción, ni siquiera para que se la traigan, y entonces, ¿qué pasa con esos días en que no les dan la comida? Tiene ventajas que les sirvan ahí porque les dan carne, pollito. A veces sí funciona, y a veces no. Antes les daban atol, y ahora solo fresco, frutas y arroz. Aunque yo preferiría recibir la bolsa”, recalcó.
Sin embargo, la intención del nuevo gobierno es priorizar e implementar la refacción servida en las escuelas, más que la entrega de bolsas con alimentos. Según Luis Alonzo, director de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa (Digefose) del Mineduc, cuando la comida se prepara en el centro educativo, los menús incluyen más proteína, como pollo y carne, lo que garantiza que cumplan con los requerimientos nutricionales que necesita el estudiante.
En cambio, al entregar la bolsa, no hay garantía de que la comida sea aprovechada únicamente por el menor. “Esos son los dos factores que nos hacen impulsar que la alimentación debe ser servida (…) Por supuesto que no estamos hablando de un plan a corto plazo, tomando en cuenta que alrededor del 85% de los centros educativos no cuentan con certeza jurídica, lo cual le impide al Ministerio hacer una intervención directa en construcción”, indicó Alonzo.
Aunque la Dirección de Planificación del Mineduc ya está evaluando solucionar el problema para lograr que todos los alimentos sean servidos. El titular de Digefose informó que en el 70% de los 35 mil 881 establecimientos públicos se entregan bolsas y en el 30%, la refacción preparada y servida por los padres de familia. “Yo conozco escuelas que no tienen las condiciones sanitarias como para preparar los alimentos (…) Si apenas tenemos aulas mal hechas, sin escritorios, y estamos pensando en darle de comer a los niños. El tema de alimentación servida es una bomba de tiempo”, manifestó Choguaj.
En relación con las bolsas con alimentos, el experto comentó que en sus recorridos por varias comunidades indígenas del país ha observado que los padres afrontan problemas para conseguir los productos que propone el Programa y que los proveedores venden la comida más cara que en el mercado, pues deben adquirirlos con alguien que les extienda factura, y eso complica la compra.
Alonzo, por su parte, refirió que la adquisición de alimentos, sea para cocinar o embalar, está en manos de las OPF y que uno de los objetivos de la Ley de Alimentación Escolar es promover la economía entre los agricultores y pequeños empresarios de cada región, pero que es requisito respaldar el gasto contra factura. “La OPF tiene una personería jurídica, es independiente, y en todos los documentos que encontramos en las organizaciones se evidencia que se les hace énfasis en que no hay nadie que pueda influir en ellos.
Los padres son los primeros en denunciar cuando no les entregan los alimentos (…) La misma comunidad educativa es la que audita y garantiza que esos fondos se van a ejecutar de una manera eficiente”, aseguró. En todas las escuelas existe, comentó, un mural de transparencia, donde se anotan los alimentos adquiridos, los precios, la cantidad que se compró y lo que se va a repartir.
Los menús para la refacción servida fueron diseñados por nutricionistas de la Sesán, el Ministerio de Salud, Agricultura y el Mineduc. El presupuesto asignado para el Programa de Alimentación Escolar es de Q3 mil 172 millones. A la fecha se han efectuado tres entregas —de bolsas—, que equivalen a Q1 mil 330 millones repartidos a tres millones 47 mil 803 estudiantes.
Giracca tiene bajo su responsabilidad cumplir con la normativa que se emitió durante el gobierno de Jimmy Morales y que se modificó en el período de Alejandro Giammattei, quienes no contemplaron las consecuencias de implementar un programa de tal magnitud sin antes mejorar la infraestructura de los establecimientos públicos del país.
