El 7 de agosto de 2019, la Fiscalía contra Delitos Electorales capturó al exdirector y exsubdirector del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cinco días antes de la segunda ronda electoral en la que resultó ganador Alejandro Giammattei Falla.
Los señalados son Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín, quienes desde el 29 de marzo enfrentan juicio en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal por los delitos de incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.
Según las acusaciones del MP, hubo duplicidad de datos y lo escrito en las actas físicas no concordaba con lo registrado en el sistema, que fue creado por la Dirección de Informática del TSE y se utilizaba desde el 2011. Algunos partidos políticos calificaron el proceso como un fraude electoral.
¿Qué harán?
El próximo 25 de junio se celebrarán elecciones generales. La presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, dice que las garantías para que no ocurra una situación similar con la transmisión de datos son el personal de informática, al que “conocen bien” y que se especializó en países de América, y el nuevo sistema que se adquirió este año.
“El problema en 2019 es que utilizaron un Excel mejorado y nosotros ahora tenemos un software moderno con ciberseguridad, con una alta disponibilidad, y por eso estamos invirtiendo en un sistema seguro. Además, tenemos otro sistema como plan B, si el plan A falla”, explicó Palencia.
El programa para la transmisión de datos es de la empresa Datasys, S. A., que el TSE adquirió por Q148 millones 850 mil 250. Partidos políticos manifestaron dudas y desacuerdo al afirmar que esa firma fue señalada en Colombia por no contar con la experiencia necesaria para los comicios. Otro señalamiento internacional en su contra fue la aparente deficiencia en el servicio prestado para las elecciones generales de Honduras.
El TSE no cuenta con un director de informática y hay una persona encargada del área desde hace dos años, informó el vocero de esa institución, David de León.
Mejores controles
En días anteriores, los magistrados del TSE afirmaron que, como parte de ese proceso, los integrantes de las juntas electorales departamentales también pasaron por un proceso de selección y se cumplieron los filtros para la integración de estas.
Como consecuencia de las inconsistencias en el sistema utilizado en el 2019, la Fiscalía de Delitos Electorales pidió que se les retirara la inmunidad a los magistrados del TSE por el delito de incumplimiento de deberes, por no haber tomado todas las consideraciones para que el proceso electoral se desarrollara sin inconvenientes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no aceptó para su trámite la solicitud.
La exmagistrada del TSE María Eugenia Mijangos dice ser consciente de que se cometieron errores y propone al actual pleno mejorar los filtros para contratar personal y que se hagan reformas para integrar magistrados con conocimientos informáticos.
Uno de los principales errores, según Mijangos, es que al director de Informática que actualmente es procesado no fue suficientemente evaluado en sus capacidades para trabajar bajo estrés, pues, a pesar de la experiencia que mostró en su hoja de vida y el esfuerzo que hacía, siempre se le observó nervioso, y por eso desde un principio no estuvo de acuerdo con que se le contratara.
La exmagistrada refiere que durante su paso por ese tribunal cada magistrado proponía a una persona de confianza para ocupar determinados cargos. Posteriormente, el expediente se pasa al Departamento de Recursos Humanos, en donde, según afirma, había personal calificado, pero los procesos ya estaban aprobados.
“Todos los magistrados tenían derecho a proponer. Al director de Informática —procesado— lo propuso el entonces magistrado Jorge Mario Valenzuela. El subdirector Román Chiquín había ido ascendiendo porque tenía muchos años de trabajar en el TSE. Yo disentía y tenía tantos votos razonados, porque la impresión que yo tenía es que los contratados ya llegaban concertados”, recuerda.
Un “factor que falla”, según Mijangos, es que el pleno de magistrados siempre se integra solo por abogados, y ninguno tiene experiencia en informática o administración, por lo que es difícil que comprendan los procesos.
“Ese monopolio de los abogados se tiene que romper, porque no vamos a ser todólogos. El que sí tenía experiencia de administración era el magistrado Julio Solórzano, pero los demás no llegamos con experiencia. Hay otros que llegan del Organismo Judicial o de la academia, y yo llegué de organismos internacionales u otras dependencias gubernamentales; no es lo mismo”, señala.
Para el exmagistrado del TSE Jorge Mario Valenzuela, el único error del 2019 fue el programa que se utilizaba, pero fue hasta el día de las votaciones que se percataron de ello y considera que no hubo mala intención de quienes estuvieron a cargo del sistema. Además, asegura que no propuso al ahora exdirector de Informática.
“No se puso a personas sin conocimiento. Cuando asumimos, según recuerdo, ya pertenecían a la institución. Las personas son sometidas a procesos en Recursos Humanos, no son contratadas a ciegas, y sí llevan un proceso de selección”, asegura el exmagistrado
