Especialistas en seguridad no descartan que este método sea susceptible a corrupción; además, sugieren reducir los costos para que sea más accesible y se cumpla la finalidad de deshacinar las cárceles.
La Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal fue aprobada en 2016 para regular la aplicación de este tipo de control a las personas sujetas a un proceso penal, y garantizar que se cumplan las medidas sustitutivas y la libertad controlada.
Disposición
A partir del 1 de junio último, las personas privadas de libertad a nivel nacional pueden optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva.
No obstante, a una semana de que entrara en vigor esta normativa, el Mingob aún no monitorea a ningún reo y no tienen registrada alguna solicitud por parte del Organismo Judicial, puesto que es el abogado defensor quien debe hacer la petición al juez y éste, con base en el perfil y proceso que enfrenta el acusado, decidirá si es apto para ser incluido en el programa, afirmó Jorge Aguilar, vocero del Mingob. Añadió que se impartieron capacitaciones al personal del Organismo Judicial (OJ) durante 13 sesiones para informar cómo funciona el sistema.
El juez también debe analizar si el sujeto a proceso tiene la capacidad de pagar por el servicio de este sistema, cuya tarifa es de Q50 por día y Q1 mil 500 mensuales. Estos ingresos estarán dirigidos para el Mingob y para cubrir gastos administrativos y mantenimiento de la Unidad de Control Telemático.
Rudy Esquivel, vocero del OJ, dijo desconocer si hay algún reo que haya solicitado por medio de sus abogados el arresto domiciliario por medio del control telemático, puesto que cada juez a nivel nacional será el responsable de analizar si es aplicable esta
medida.
Costos
Para el abogado y consultor jurídico, Andy Javalois, uno de los retos para el Mingob es poner al alcance de la población el acceso a esos dispositivos y no generar más hacinamiento en las prisiones.
Una de las opciones que el consultor propone es que las universidades y en especial las facultades de ingeniería, se involucren en proyectos para diseñar “tobilleras o muñequeras” similares a los que implementa Gobernación y que sea adquieran a bajo costo, o bien, que el “Estado asuma parte de ese costo, de acuerdo con la situación económica de cada persona procesada”.
“El hacinamiento lo hacen los prisioneros en prisión preventiva. Muchos no pueden pagar la talacha en las cárceles y mucho menos podrán pagar por un dispositivo”, sostiene Javalois.
El abogado no descarta que que este proyecto sea susceptible a la corrupción, en la medida que no se divulgue su uso correcto, al afirmar que abogados, jueces y fiscales desconocen su uso.
“La responsabilidad directa de los procesos informativos corresponde al Colegio de Abogados, la información es importante, sobre todo para los abogados que litigan en el área penal, También debe haber una coordinación interinstitucional entre el OJ y el Ministerio Público”, recomienda.
Se intentó contactar vía telefónica al presidente del Colegio de Abogados, Mario Antonio Siekavizza, pero no fue posible.
Perfiles
“Si llega un pandillero de extrema peligrosidad, seguramente va tener los recursos para pagar el sistema telemático, pero seguramente va delinquir o extorsionar desde su casa, eso es lo que debe evitarse”, dice el exministro de la Defensa y analista en temas de seguridad, Ronaldo Leiva, al acotar que los jueces deben analizar bien los perfiles de los procesados para otorgar el beneficio del este tipo de control.
“Estos dispositivos no se pueden colocar a un criminal de alto nivel porque tendrá dinero para mantenerlo y mucho más; no querrá estar en la cárcel e incluso puede pagar para quitarselos”, señala.
Ante la posibilidad de que se pueda prestar a corrupción, agrega que “puede haber, si alguien no debe obtener ese beneficio pero que el juez decidiera que sí se le otorga”.
Rechazo
“Pedí el arresto para dos de mis defendidos mediante el control telemático pero el juez decidió darles arresto domiciliario de forma tradicional. Como son más comunes las otras medidas se decidió por esas.
El control telemático es más viable y seguro porque es control en tiempo real, minuto a minuto y no hay que firmar el libro cada 15 días”, dice el abogado César Calderón, sobre la petición que hizo el pasado miércoles ante el juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, en la Torre de Tribunales.
Los defendidos de Calderón son procesados por asociación ilícita y tráfico ilegal de personas. Para el abogado, el problema radica en que el sistema aún es desconocido para la mayoría de sus colegas y jueces.
“Este sistema es una modernidad y es sumamente útil y más bien se implementa tarde en Guatemala”, puntualiza el abogado.
