Este último estudio atribuye parte de estos índices a las estructuras criminales que operan en las cárceles y que, según analistas, solo pueden controlarse si se acaba la corrupción en estas. La organización Diálogos y su modelo predictivo de la violencia, “Previo”, también advierten de que los registros oficiales superaron los pronósticos de julio. Para el modelo predictivo, según la tendencia, serían 227 homicidios y finalmente se registraron 273.
Este año, la cifra de homicidios en julio es la más alta, con 273 crímenes, en los cuales figuran 32 mujeres. Las cifras equivalen a una tasa interanual de 16.3 por cada cien mil habitantes.
Si bien este año los homicidios en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango se redujeron en 12 y 64%, respectivamente, la violencia se ha reflejado más en otros como Izabal, Sololá, Chimaltenango y Alta Verapaz.
Este año se han registrado 211 muertes violentas de mujeres, un 21% menos que en el 2022.
Walter Menchú, analista del Cien, sostiene que en los últimos 12 años ningún gobierno ha podido controlar las cárceles del país, a pesar de que ha sido una de las principales promesas en campañas.
Extorsiones
En cuanto a extorsiones, julio también registró la cifra más alta de denuncias de los últimos 19 meses y la tasa interanual es de 89.9 por cada cien mil habitantes, según el informe del Cien.
Menchú sostiene que las cifras de homicidios y extorsiones se reducirían de manera considerable si se toma el control de las cárceles, pues de estas sale la mayoría de llamadas para coordinar delitos con estructuras criminales en el exterior.
“Tomar el control de las cárceles fue una promesa del presidente Giammattei durante su campaña. En 2020 vino la pandemia y nuevamente el tema quedó olvidado”, indicó.
“Pareciera que las cárceles son un centro de llamadas, por la cantidad que sale de los diferentes centros para extorsionar”, afirmó el investigador.
Proyectos
Corinne Dedik, investigadora del Cien en temas penitenciarios, considera que, si bien en gobiernos anteriores se han emprendido acciones para tomar el control de las cárceles, como reubicación de reos peligrosos e instalación de escáner para controlar lo que ingresan los visitantes, no son acciones integrales, y con los cambios de gobierno dichos proyectos han quedado relegados.
“Nueve de cada 10 extorsiones se hacen con llamadas telefónicas que salen de las cárceles. Muchas llamadas son para ordenar homicidios porque las víctimas no pagan el dinero que les exigen los extorsionistas o para coordinar robos”, afirmó.
Agregó: “En las cárceles hay redes de crimen organizado. Los encarcelados aún pertenecen a estructuras criminales que operan en el exterior”.
Propuestas
Las soluciones para controlar las acciones de los reos, según Dedik, deben centrarse en la construcción de infraestructura para deshacinar las prisiones, depurar al personal que labora en el sistema penitenciario, especialmente a los guardias, pero también crear incentivos y mejores condiciones de trabajo.
“Debe haber rehabilitación de reos. Muchos están aburridos porque no tienen nada que hacer en el día y se requiere cárcel de alta seguridad”, enfatizó.
Eddy Morales, exdirector del SP, coincide en que urge una depuración del personal, como una medida para acabar con la corrupción en las cárceles; de lo contrario, advierte, no se detendrán los ilícitos.
“Se debe apostar por una reingeniería penitenciaria real, crear el Instituto Nacional Penitenciario que tenga su propio presupuesto y que sea independiente del Ministerio de Gobernación, para que seleccionen minuciosamente a los directores, sin afinidad política y compadrazgos”, señaló.
Morales recordó que la corrupción no acaba en las cárceles, ya que los mismos directores del SP se han visto involucrados en el cobro de fuertes sumas a cambio de privilegios para determinados reos, principalmente miembros de pandillas y ligados al narcotráfico.
“En la mayoría de casos son amenazados y solo les queda colaborar”, indicó.
Investigaciones
Las extorsiones, en casi el 70 por ciento, salen desde las prisiones del país y 80 por ciento son obra de personas que nada tienen que ver con las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13), según el MP.
Un informe oficial del Ministerio de Gobernación revela que los bloqueadores de señal están instalados en 19 de 23 prisiones de Guatemala. Sin embargo, no funcionan al cien por ciento porque muchos datan de 2014 y la tecnología en la telefonía celular ha cambiado drásticamente; “son obsoletos”.
De acuerdo con la PNC, este año se han localizado 974 celulares de todo tipo y 337 tarjetas SIM en las cárceles, principalmente en cinco, de las que más provienen las llamadas de extorsión.
Estas prisiones son Fraijanes 2, Pavoncito, el Preventivo para Hombres de la zona 18 y las granjas Pavón y Cantel.
