Gustavo Salazar es un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que por dos años recibió Q300 mensuales de su salario de Q5 mil, debido a un préstamo bancario que adquirió. Un caso similar es el del oficial Santos Boror, quien tiene nueve años de trabajar en la PNC pero durante dos años su salario no pasó por sus manos, pues llegó a deber Q90 mil por una tarjeta de crédito y el banco descontaba la deuda desde su planilla.
El mayor número de endeudados se registra en el Ministerio de Educación y la PNC, según la Adesteju.
Estas deudas los han llevado a vender vehículos, propiedades o endeudarse más con familiares para pagar los útiles escolares de sus hijos o gastos médicos, según los testimonios de quienes han pasado por esa situación.
Boror cuenta que algunos agentes han tomado la decisión de renunciar a sus puestos y regresar a sus departamentos de origen, a tal punto que no han podido comunicarse con ellos, a pesar de que fueron amigos.
Sin solución
En otros casos, los deudores piensan que no hay otra salida. Así ocurrió con Maritza, una maestra de educación primaria que laboraba en el renglón 011 en una escuela de Santa Cruz Muluá, Siquinalá, Escuintla. Sus familiares cuentan que una tarde salió al banco para tratar de mediar y poder pagar una deuda que llegó a los Q400 mil, como resultado de un préstamo para “pagar otras deudas”, pero al no tener una respuesta alentadora decidió quitarse la vida.
Consolidados
Como Boror y Salazar hay 1 mil 500 trabajadores activos y jubilados del Estado que en la actualidad pagan una cuota mínima de la deuda que tenían, después de que se adhirieron a la Adesteju, fundada hace seis años y cuya finalidad es ayudar a los trabajadores públicos para solventar sus deudas con el sistema financiero por medio de convenios con las instituciones, para que se les otorguen nuevos plazos de pago con intereses más bajos.
Otras 13 mil peticiones de igual número de trabajadores públicos de distintas dependencias están en análisis, puesto que algunos solo reciben Q200 o Q100 de su salario, debido a que el resto pasa de forma directa a las entidades bancarias.
“La situación de muchos empleados públicos es grave y algunos prefirieron privarse de la vida para no seguir con el problema”, refiere Joaquín Ovando, director y representante legal de la Adetesju.
Aun así, según Ovando, la deuda de quienes tomaron esas decisiones recayeron en los codeudores, pues se pierde el seguro de vida si los pagos de la deuda no están al día.
“Quienes están con nosotros se quedaron solo con un préstamo. La deuda se les redujo en un 50 o 90 por ciento y pagan cuotas mínimas, sin que se les quite el bono 14 y su aguinaldo”, puntualiza.
En los últimos seis años Ovando afirma que 50 trabajadores públicos se han privado de la vida al no poder pagar las deudas, pues aunque son acogidos por la Adesteju, sus deudas no pueden someterse a convenios.
“El cáncer más enraizado está en el Ministerio de Educación. Hay quienes deben hasta Q700 mil. Hay casos en los que el titular renunció y desapareció, y la deuda se quedó con el codeudor”, explica.
Más endeudamiento
Según la Superintendencia de Bancos, el saldo de los financiamientos otorgados a empresas y hogares al 30 de junio último asciende a Q285 mil 482 millones, de los cuales Q98 mil millones corresponden a la población particular que ha hecho préstamos y utilizado tarjetas de crédito.
Alex Gudiel, director de Zona Cero, una entidad que se dedica a la asesoría financiera, explica que la inflación incrementó el nivel de endeudamiento en un 54 por ciento para la población en general. Eso quiere decir que “contrajeron más de dos deudas y no tienen control sobre las mismas. Empeñan el salario, no hay un control sobre los préstamos ni educación o lógica financiera”, destaca.
La gente cree que sacando un préstamo puede pagar una deuda anterior, o que con otra tarjeta de crédito puede financiar su estilo de vida, pero no salen de ahí”, hace ver Gudiel.
“En el sector privado el trabajador es el que decide si paga o no, pero con los trabajadores del Estado no se puede. Ellos no pueden decidir y son más fáciles de ubicar. Los prestamistas saben que quienes trabajan en el renglón 011 no van a ser despedidos tan fácilmente y por eso les otorgan préstamos más rápido, porque se aseguran de que van a recibir salario y los ubican con rapidez”, señala.
“Pero no se trata solo de que el trabajador consiga un convenio o beneficio para reducir las cuotas de la deuda”, sino que debe existir un compromiso para solventar las deudas, agrega Gudiel.
“A veces se piensa que solo la condonación de deudas es suficiente, pero tiene que cambiar la actitud del ciudadano. Si eso no sucede, solo prolonga la crisis hasta por seis años”, alerta.
Gudiel hace énfasis en que la consolidación busca reducir la suma por pagar, aunque se debe tener cuidado, puesto que en ocasiones el interés se traslada a capital si no se lleva a cabo una buena negociación.
Si no se anulan las tarjetas con las cuales se acordó un convenio las personas vuelven a endeudarse. La recurrencia en esta situación es el del 70 por ciento y solo el 30 por ciento se mantiene libre de deudas haciendo esos acuerdos”, concluye.
