“No existen lugares dignos para que los agentes desempeñen su trabajo; comisarías sin servicios de agua, luz y sanitarios inadecuados. Esto va en contra de las leyes laborales”, comentó Lizandro Acuña, investigador del área de justicia y seguridad ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
“La precariedad es producto de la corrupción que campesa en esa institución. La Reforma Policial —emitida por acuerdo gubernativo el 22 de diciembre de 2010— no se ha cumplido, se han abordado temas importantes, pero no existe un compromiso serio por parte del Gobierno”, comentó Acuña.
El analista agregó que hay casos de agentes que han pagado con su salario el combustible de los autopatrullas. “Eso afecta la economía familiar, por lo que algunos han optado por involucrarse con el crimen organizado”.
La falta de control y por otros fenómenos, como la desintegración familiar, hace que en Suchitepéquez, Quetzaltenango y Chimaltenango, haya aumentado hasta un 20 por ciento la presencia de menores en pandillas, según Verónica Galicia, quien tiene a su cargo el Juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal.
Gerson López Rodas, secretario operativo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), comentó que existen acuerdos municipales para contrarrestar las carencias, como pago de luz, agua y locales en alquiler.
En junio del 2015 salió a luz el desfalco de Q52 millones en la PNC, dinero que estaba destinado para remozar comisarías, pagar a proveedores de gasolina y la compra de repuestos para motocicletas y autopatrullas.
Actualmente existen 34 mil 759 agentes al servicio, para atender a 16.7 millones de guatemaltecos, por lo que se estima un promedio de una gente para 480 personas.
La situación ha alcanzado niveles altos de precariedad, ya que en agosto último Prensa Libre publicó que solo mil 500 autopatrullas están en funcionamiento óptimo para las 27 comisarías de la PNC en todo el país, de un total de cuatro mil 500 existentes. Se intentó obtener datos actuales, pero no se obtuvo respuesta del Ministerio de Gobernación, ni de la institución policial.
Débil seguridad en occidente
La crisis que atraviesa la Comisaría 41, en Quetzaltenango, ha permitido que la delincuencia aumente. “En un monitoreo que se llevó a cabo los policías indicaron que no les daban suficientes balas, por lo que tienen temor de disparar, incluso se han visto en la necesidad de comprar sus municiones”, comentó Julio Aguilar, integrante de Red de Seguridad Democrática de Quetzaltenango.
Otro de los problemas ha sido la deuda en pagos de alquiler y servicios básicos. Este año se conoció que la subestación 41-15, instalada en la zona 2 de Xela, arrastra una deuda de dos años de alquiler y Q3 mil en servicios públicos.
“En ocasiones los vecinos recaudan dinero para reparar la radiopatrulla, además de cancelar deudas de los servicios públicos”, comentó Emilio Castillo, del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la zona 9 de Xela.
En Huehuetenango, agentes señalaron que en el lugar existen varias carencias, como la falta de elementos que los obliga a trabajar hasta 48 horas sin descanso, lo que afecta su rendimiento y viola sus derechos.
“En los operativos no tenemos derecho a viáticos; los debemos cubrir de nuestro salario. Otro caso es la compra de uniformes, que con insignias llegan a costar hasta Q2 mil 500”, comentaron.
San Marcos, con mas de un millón de habitantes, cuenta con al menos mil 200 agentes, esto indica que por cada ocho mil habitantes hay un policía. A la Comisaria 42, que funciona en el lugar, se asignaron 137 autopatrullas, de los cuales solo 60 funcionan.
Otros casos
Escuintla, el segundo departamento con mayor índice de violencia a escala nacional, después de Guatemala, tiene mil 300 agentes.
En Santa Rosa, el oficial Edwin Velásquez, jefe de servicio de la Comisaría 32, indicó que cada día la situación empeora. “Hace unos meses redujeron el galonaje de combustible para las unidades”, señaló.
En Retalhuleu, recientemente el autopatrulla 043, que era conducido por un agente, supuestamente en estado de ebriedad, se estrelló en una vivienda, lo que causó un conflicto entre pobladores y autoridades, que dejó 35 personas intoxicadas por gas lacrimógeno.
En Quiché, un agente contó que deben reportar el número de balas que disparan —incluso en las prácticas—, y eso implica que deben adquirir una caja de 50 unidades, con un valor de Q125.
En Petén, el departamento más grande, las carencias de la PNC son múltiples. No cuentan con sistema de radio. Solo en el área central, que abarca Santa Elena, Flores, y San Benito, tienen cinco autopatrullas en funcionamiento —de 13 asignadas—; de estas, dos las utilizan los jefes. Solo funcionan seis motocicletas y 10 tienen desperfectos mecánicos.
En números
- La PNC fue fundada el 7 de julio de 1997, por mandato de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y la URNG en 1996.
- 34 mil 759 personas integran la PNC, entre agentes, oficiales y demás rangos, según datos otorgados por Jorge Aguilar, vocero de la institución.
- 500 autopatrullas se encuentran en óptimas condiciones y están al servicio de las 27 comisarías del país. El total del parque vehicular de la PNC es de cuatro mil 500 vehículos, pero un alto porcentaje tiene desperfectos mecánicos.
- Quiché cuenta con un millón cien mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); solo tiene asignados 500 agentes —un policía para cada dos mil personas—.
- Totonicapán cuenta con 372 agentes para cubrir los ocho municipios. Tiene asignados 27 autopatrullas, de los cuales 10 están en mal estado.
*M. Longo, É. Domínguez, Ó. Figueroa, M. Castillo, R. Miranda, M. Sandoval, O. Cardona, A. Marroquín, J. Tizol, R. Escobar y C. Ventura
