Otras dos solicitudes de antejuicio fueron presentadas por Balbino Eliseo de León Rojas, por abuso de autoridad. Uno derivado de negación de acceso a la información y otro por insultos y discriminación.
El quinto proceso fue planteado por Werner Eduardo Montiel, gerente del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal de Puerto San José, por atraso en el pago a jubilados.
Igmaín Galicia Pimentel, presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla, informó que el expediente de la acusación planteada por la Cicig y el MP llegó a esa instancia el 26 de agosto del 2015.
Eddy Otoniel de León, juez pesquisidor en esa causa, informó que entregará su informe de la investigación el 10 de mayo próximo, después de lo cual la Sala podrá determinar si se declara con lugar el retiro de inmunidad al jefe edil.
De León explicó que el proceso se atrasó porque él recibió el expediente el 7 de octubre del 2015, pero salió de vacaciones en diciembre, cuando llevaba 45 días de investigación, de los 60 hábiles que estipula la Ley.
Añadió que al salir de vacaciones entregó el expediente a la Sala de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para que designara a otro juez; sin embargo, no lo hizo, y en enero de este año devolvió el proceso a la Sala de Escuintla, cuando los magistrados estaban de vacaciones, por lo que se volvió a retomar el 19 de enero.
Otra acción que retrasó el caso fue una recusación que planteó Rizzo contra el juez De León, porque supuestamente este ya había emitido opinión en otros procesos, pero la Sala la rechazó.
Se intentó obtener la versión del alcalde Rizzo sobre los señalamientos de la Cicig y sobre los señalamientos sobre el plan de prestaciones municipales, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular ni los mensajes de texto que se le enviaron al respecto.
Retraso
El atraso en la decisión del antejuicio por asociación ilícita lavado de dinero y otros activos, lo mencionó el viernes último Iván Velásquez, jefe de la Cicig, durante una conferencia de prensa, en la que informó que el usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en Puerto Quetzal, Escuintla, significó US$24.5 millones en sobornos y están involucrados el expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, entre otros exfuncionarios.
De acuerdo con la Cicig y el MP, la TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde Rizzo, debido a que quería obligar a esa empresa a pagar la licencia de construcción en la Municipalidad, por un monto de Q24 millones, pero directivos de la Portuaria se oponían al pago.
Añadió que para resolver el problema, Juan Carlos Monzón se reunió con Douglas Charchal y con su asistente Mario Ruano San José y gestionaron una reunión con el secretario de un juzgado de Escuintla, José Luna.
Explicó que el juzgado resolvió a favor de TCQ, y el secretario habría recibido Q50 mil y Ruano, un vehículo.
